Adelante pide que se mantengan abiertas las oficinas del Registro Civil
Rueda de prensa de Adelante / LVA
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Adelante pide que se mantengan abiertas las oficinas del Registro Civil

El próximo día 30 de junio de 2020 entrará en vigor de forma completa la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, con las excepciones indicadas en la Disposición Final Décima que significa el cierre masivo de miles de oficinas actuales del Registro Civil en las medianas y pequeñas poblaciones.

Adelante ha presentado una moción a pleno «para sumarnos al rechazo de esta ley», que supondrá un grave perjuicio y disminución de servicios para la Andalucía rural principalmente. Esta propuesta tiene una doble vertiente, una más general con el objetivo de mantener este servicio y servir de servicio a miles de municipios pequeños, como defender a nivel local que se mantenga el servicio del registro civil tal cual esta ahora, de forma gratuita y con personal de la administración pública.

Con la aprobación definitiva de esta ley conllevará a que los vecinos y vecinas de los municipios que se vean afectados por esta norma, se verán despojados de la atención directa en este servicio y estarán obligadas a hacer las gestiones por vía telemática, a pagar por los servicios de una gestoría o despacho de abogados, o bien a desplazarse a la oficina del Registro Civil de una ciudad alejada de su domicilio, siendo obviamente los sectores de población más vulnerables, como las personas mayores, con pocos recursos o con dificultades de movilidad y de acceso a las nuevas tecnologías, los más perjudicados.

En suma, de las más de 7.500 oficinas de la actualidad una vez entrada en vigor esta Ley quedarán poco más de un centenar de oficinas de Registro Civil en el mejor de los casos, lo que supondrá una nueva discriminación hacia lo que se viene a denominar como «España Vaciada» y por tanto un impedimento más para fijar población en un territorio en donde la despoblación ya es uno de sus principales problemas. Una nueva piedra en el camino contra la lucha climática que una de sus líneas es la recuperar el habitat rural, etc. etc.

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Adelante quiere denunciar que con esta ley se pretende «privatizar» y «cobrar» servicios que actualmente son gratuitos y son prestado por personal de la administración pública. «Esta parte es la que más puede afectar a Alcalá, pues no contemplamos que la oficina local se cierre dada la población local y los pueblos cercanos con los habitantes existentes» y «exigimos al gobierno de la nación a que rectifique y que desde este pleno municipal se eleve esta exigencia», según Adelante.

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