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Ecologistas Cementera Alcalá
Ecologistas Cementera Alcalá / F.Amador
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Los ecologistas piden a la Junta que anule un trámite de la cementera necesario para incinerar residuos

Alwadi-ira ha solicitado la anulación de un trámite de información pública abierto por la Junta de Andalucía con el que activa el expediente presentado por Cementos Portland Valderrivas en 2011, para incinerar toneladas de residuos en su planta de Alcalá de Guadaíra. Los ecologistas recuerdan que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de octubre de 2017 «invalida totalmente el procedimiento de la cementera».

En un escrito registrado ante la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible recuerdan que la sentencia del TSJA anuló el procedimiento completo y no una parte, en referencia a la modificación sustancial de la autorización ambiental integrada concedida en 2006 a la fábrica de cementos. La sentencia del TSJA recogía que el procedimiento estaba «viciado», lo que «determinó su nulidad». El fallo fue impugnado en casación por la administración autonómica, siendo finalmente inadmitida por el Tribunal Supremo.

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Después de que los ecologistas presentasen un recurso de alzada contra esta modificación de la autorización ambiental, la Junta solo estimó los aspectos alegados por los ecologistas respecto a los «valores límite de emisión» y la exigencia del seguro de responsabilidad civil para la nueva actividad. De este modo, recurrieron ante el TSJA demandando la nulidad de la nueva autorización ambiental integrada al carecer del «preceptivo informe medioambiental o del informe de compatibilidad urbanística».

Este tribunal expuso que el informe «no fue solicitado por el interesado ni requerida la subsanación por parte de la administración autonómica». Igualmente, la Consejería no llevó a cabo el trámite de información pública del Dictamen Ambiental «cercenando la participación de la ciudadanía», sostienen los ecologistas.

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De este modo, Alwadi-ira solicita la anulación del trámite de información pública abierto por la Consejería, dado que «no se ha estimado correctamente el sentido y alcance de la Sentencia del TSJA y no ha tenido lugar el trámite de participación pública de la ciudadanía en la toma de decisiones regulado en la Ley».

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