El Supremo ha rechazado el recurso de casación de Alwadi-ira contra la sentencia del TSJA favorable a Portland
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación interpuesto por Alwadi-ira contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anuló la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que impedía a Cementos Portland Valderrivas incinerar residuos en su planta de Alcalá. De esta forma, pasa a ser firme la sentencia del TSJA contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento del 7 de octubre de 2016 por el que se realizó una modificación puntual del PGOU y de otras normas urbanísticas para evitar que la cementera pudiese incinerar residuos a menos de dos kilómetros de la zona de suelo urbano o urbanizable y de uso global residencial.
El acuerdo fue declarado nulo por el alto tribunal andaluz, que no discutía la competencia del Ayuntamiento para aprobar esa modificación, pero entendió que había elementos y datos suficientes para «inferir» que la modificación «perseguía exclusivamente impedir que Cementos Portland Valderrivas incorporase nuevos combustibles alternativos, residuos no peligrosos, al horno de clínker en su planta de producción de cemento de Alcalá». Por el contrario, el Ayuntamiento defendía que «la modificación es general, contiene una previsión de regulación futura y no iba dirigida contra ninguna actuación en concreto». Es decir, que «trataba de adaptar la norma a los avances técnicos y proteger el medio ambiente y la salud de los ciudadanos». La sentencia del TSJA favorable a los intereses de la cementera también fue recurrida por el Ayuntamiento, que está a la espera de conocer si el Supremo admite a trámite el recurso de casación.
La cementera sigue con su plan
En relación con la inadmisión a trámite del recurso, la cementera ha insistido en que «no tienen nada que aportar» y que solo se trata del «acto jurídico que confirma los argumentos presentados por la empresa en la demanda contra la modificación puntual del PGOU».
Asimismo, ha explicado que esta decisión «no afecta a los planes» de la compañía en cuanto a su «decidido compromiso en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y la protección del medio ambiente». No obstante, Portland Valderrivas ha evitado confirmar explícitamente su intención de iniciar los trámites para solicitar una nueva autorización ambiental que le permita incinerar residuos en su planta de Alcalá, toda vez que la norma municipal que les impedía esta actividad ha quedado anulada.
Cabe recordar que todo parte de la iniciativa de Portland Valderrivas para incinerar en su planta alcalareña hasta 292.000 toneladas de residuos como combustible. Esto generó un movimiento social en contra que reunió más de 8000 firmas contra la incineración. «Esa cantidad supera a los residuos que procesan todas las cementeras de Andalucía juntas», han alertado en repetidas ocasiones los ecologistas, que avisan de los efectos nocivos de las emisiones a la atmósfera.
Proceso a la casilla de salida
Pese a que la anulación de la modificación de la normativa urbanística ya es firme, Portland Valderrivas no podrá realizar esta actividad de forma inmediata, puesto que la autorización ambiental integrada concedida en 2015 fue anulada por el alto tribunal andaluz. Para que la cementera lleve a cabo sus pretensiones, tendrá que solicitarla de nuevo a la Junta de Andalucía. La autorización de 2015 quedó anulada por el TJSA al considerar «viciado el procedimiento de autorización», lo que «determinó su nulidad». El fallo fue impugnado en casación por la administración autonómica, siendo inadmitida por el Tribunal Supremo. De esta forma, la cementara vuelve a estar en la casilla de salida, eso sí, sin los impedimentos en la normativa urbanística que han trabado hasta ahora sus planes.
En el mismo punto de partida se encuentra ahora el Ayuntamiento, que tiene la posibilidad de iniciar de nuevo los trámites para aprobar en el Pleno una modificación puntual del PGOU que evite la incineración de residuos en la cementera y en cualquier industria que recurra a los residuos como combustible y se sitúe cerca del casco urbano. En esta tesitura se encuentra el apoyo del grupo ecologista, que ya advirtió que independientemente del resultado del recurso iban a «pedir estudios técnicos de la zona que determinen muy bien qué contaminantes se emiten, sobre todo en el triángulo que forman la cementera, la siderúrgica y BSN». De esta manera, tendrían suficiente información para plantear una nueva modificación puntual que determine y regule la incineración de residuos en Alcalá. Por su parte, la Plataforma contra la incineración de residuos en los Alcores considera que «el nuevo escenario requiere de una respuesta unitaria de la ciudadanía y de la representación institucional» y que «es urgente una nueva modificación del PGOU, subsanando las deficiencias observadas por el TSJA».
La entrada de Ciudadanos en el gobierno junto al PSOE complica, a priori, que se pueda llevar a efecto una modificación del PGOU a fin de impedir la incineración de residuos. Hay que recordar que Ciudadanos apoya rotundamente la «valorización» de residuos y que en el pleno de octubre de 2016 en el que se aprobó la modificación puntual, ahora anulada, votó en contra. La portavoz de Ciudadanos, y ahora también teniente de alcaldesa, Rosa Carro, afirmó que «se le estaba coartando la libertad a una empresa de desarrollar su actividad». En defensa de la «valorización», Carro insistió en que «es la mejor alternativa para parte de nuestra basura en la actualidad» y que «con la valorización se terminaría con el problema de los vertederos y se apostaría por la industria». «Valorizar residuos no peligrosos no es igual a muerte y cáncer», sentenció.