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«Si hace unos días los representantes de Vox denunciaban a una profesora de instituto de Alcalá por ejercer su compromiso profesional con la igualdad entre hombres y mujeres, ahora la ultraderecha plantea unas medidas contra la ocupación que cuestionan peligrosamente derechos democráticos fundamentales», así se han posicionado partidos de izquierdas como Adelante Alcalá y Asamblea de Alcalá.

Esta manifestaciones se producen después de que Vox haya pedido que se expulse del padrón municipal a quienes ocupen irregularmente una vivienda. En este sentido se remiten a la resolución del 29 de abril de 2020, publicada en el BOE el 2 de mayo, la Subsecretaría de Estado aporta instrucciones técnicas a los ayuntamientos para la gestión del padrón municipal. En ella se estipula literalmente que «el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón».

«Es importante denunciar por tanto que cuando la extrema derecha pide que se expulse a personas del Padrón municipal está pidiendo que el Ayuntamiento de Alcalá desobedezca una instrucción legal publicada en el BOE», han denunciado. Así, piden a los representantes de Vox en el Ayuntamiento que aclaren «si están pidiendo al Pleno de la Corporación que se sitúe al margen de la ley».

La propuesta de expulsar a personas del padrón municipal es «muy peligrosa», afirman, porque «además de ilegal, el padrón es un registro administrativo obligatorio que habilita el acceso a derechos básicos». Con esta propuesta, «la ultraderecha niega a estas personas el derecho a que sus hijos se escolaricen, a que puedan solicitar una VPO para lo que se exige estar empadronados, a la asistencia sanitaria o a los servicios sociales», critican estos partidos. Asimismo solicitan que aclaren  «si están pidiendo al Pleno que impida el acceso a derechos básicos como la educación y la sanidad».

La medida, según los partidos denunciantes, «es de una completa arbitrariedad, ya que no hay ninguna base en la que se sustente más que el odio al que menos tiene».

Adelante y Asamblea argumenta que «cuando los andaluces necesitamos inversión en educación, contratación de más profesores y una apuesta decidida por los valores de la igualdad ellos se dedican a denunciar a nuestros docentes. Y cuando necesitamos que los especuladores, las grandes inmobiliarias y constructoras contribuyan con mayores impuestos a la superación de la crisis, ellos intentan multiplicar los desahucios y dificultar el acceso normalizado a los servicios públicos, mientras alientan la especulación».

La propuesta, sostienen, «no aporta ninguna solución», ya que no viene a arreglar el problema de la vivienda en Alcalá. Viene, por contra, «a disfrazar las causas de esta situación: el alto índice de paro y precariedad en nuestra localidad, el aumento de la pobreza y marginalidad, el alto precio de las viviendas y la falta de respuesta de las administraciones públicas que carece de una auténtica política de promoción de viviendas en alquiler a precio asequibles, especialmente para los más jóvenes».

Vox propone al Pleno eliminar del padrón municipal a los ocupas

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