La crisis del COVID-19 ha destapado «las enormes carencias» del modelo residencial, según Adelante Alcalá.
La tasa de mortalidad ha sido «escandalosa» con 14.000 personas ancianas fallecidas en residencias, lo que supone el 67% del total de víctimas, ha recordado este grupo municipal, señalando que el virus también ha tenido efectos sobre el personal que trabaja en estos centros, constituido en un 90% por mujeres precarizadas.
A estas carencias de carácter estructural, se ha añadido en los últimos años un proceso de privatización del sector, es decir que «el peso de las grandes empresas ha ido creciendo en detrimento de las entidades del tercer sector». Son muchas las residencias financiadas con dinero público pero gestionadas por entidades privadas, por inversores en su mayoría extranjeros, que han visto en España un gran nicho de negocio y han comprado o construido residencias.
Adelante Alcalá presenta una propuesta para que desde el Ayuntamiento se inste al Gobierno Central y Autonómico a sentar las bases para cambiar el modelo de residencia de mayores, pasar a u un sistema de residencias público, universal, de calidad y de gestión directa o en colaboración, mediante diferentes fórmulas, con el tercer sector sin ánimo de lucro o con la comunidad, entendiendo que el sistema de cuidados de personas mayores debe ser un modelo de Atención Centrado en la Persona (ACP), que respete y fomente la autonomía y la dignidad de las personas y proporcione unos servicios adaptados a las necesidades de las personas. Además solicitan que se garantice una eficiente coordinación y asignación conjunta en las prestaciones entre Salud y Servicios Sociales.
El concejal de Adelante, Rubén Ballesteros, ha explicado que «no es de recibo que de las 372 .985 plazas en residencias, 271. 696 se encuentran en centros privados (lo que supone el 72,8%) y 101.289 en públicos (27,1%). El número de plazas concertadas asciende a 87. 000 y algo más de 35.000 son gestionadas en concesión. Esto significa que hay, aproximadamente, 112 .000 plazas que financian las administraciones públicas para que el servicio lo presten otros actores. Es urgente cambiar el modelo».
En Alcalá, «tenemos constancia de los problemas que se vienen produciendo en al menos una de las residencias que están en la localidad, como el cumplimiento de ratios, entre otros».
Ballesteros también ha recordado el derecho a la protección de la salud, recogido en el artículo 43 de nuestra Constitución, que establece que «Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios».
Hazte socio