Tras el caso positivo por COVID-19 detectado en la Policía Local, los sindicatos SEM, CSIF, SEM, UGT, CCOO exigen que se depuren responsabilidades políticas y que quienes tenían que velar por el cumplimiento de las normas que dictaba el gobierno de la nación para proteger a los trabajadores ignorándolas de forma reiterada, deben dimitir o ser destituidos. Los sindicatos SPPEM-A y USO no ha suscrito esta petición.
Los sindicatos exigen que «se pongan en marcha todas las medidas de prevención establecida en las Evaluaciones» y que «se garantice que todo el personal cuente con una información y formación actualizada sobre las medidas específicas que se implanten con las citadas Evaluaciones de Riesgos». Además, piden que el Servicio de Prevención externo que ha contratado recientemente el Ayuntamiento establezca de forma inmediata los mecanismos de investigación y seguimiento de los contactos estrechos en el ámbito de sus competencias, de forma coordinada con las autoridades de salud pública e informe también de forma inmediata a todo el Comité de Seguridad y Salud sobre todas las actuaciones realizadas en este caso, respecto del compañero afectado, sus contactos estrechos y cualquier otra información de interés desde el punto de vista de la salud y la seguridad.
«Llevábamos los sindicatos años pidiendo a la alcaldesa y al gobierno que cumplan con la obligación de constituir un Servicio de Prevención Propio al que la ley les obliga» y «advirtiendo que esta situación no sólo es ilegal, sino que pone en peligro la salud y la seguridad en el Ayuntamiento», ha denunciado hoy los sindicatos.
Un positivo por COVID-19 en la Policía Local obliga a repetir los test a todos los agentes
Como consecuencia de las denuncias sindicales, la propia Inspección Provincial de Trabajo viene diciéndole al Equipo de Gobierno desde el 26 de marzo de 2018 que tiene que constituir este Servicio de Prevención y «la alcaldesa y su gobierno dándole largas», critican los sindicatos.
El 5 de marzo de 2020 el Ministerio de Sanidad publicó un “Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus”. En él señala que «dado que el contacto con el virus puede afectar a entornos sanitarios y no sanitarios corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición y seguir las recomendaciones
que sobre el particular emita el servicio de prevención, siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias», recuerda los sindicatos de firmantes.
A pesar de ello, y de que la pandemia se declaró por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo pasado, y que el Gobierno decretó el estado de Alarma el 14 del mismo mes, la alcaldesa y su gobierno siguieron ignorando este mandato de realizar una evaluación de riesgos específica por COVID-19 a los empleados municipales, según la reiteradas denuncias sindicales.
En todo momento, los sindicato del Ayuntamiento han pedido que no se incorporaran al trabajo presencial los empelados municipales sin la evaluación de riesgos. Esta situación se ha denunciado hasta en cuatro ocasiones ante ante la Inspección de Trabajo.
Esta semana han comenzado a llegar las Evaluaciones de Riegos de varios departamentos. El miércoles día 3 de junio, llegó la Evaluación de Riesgos de la Policía Local y las medidas que se proponían para evitar o disminuir estos riesgos, y que el jueves 4 por la tarde, aún no habían sido puestas en marcha. En esta sucesión de hechos, el jueves 4 por la mañana, los resultados de los test a la Policía Local arrojó un caso positivo a Policía Local.
Los sindicatos piden la intervención de la Inspección de Trabajo en el Ayuntamiento de Alcalá