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El gobierno impulsó la constitución de la empresa pública de vivienda con la aprobación de dos puntos en el pleno de octubre. Por un lado modificó el modo de gestión del servicio de promoción y gestión de la vivienda de protección pública y por otro aprobó inicialmente los estatutos. Estos primeros pasos del ejecutivo de Ana Isabel Jiménez los da en solitario. La oposición votó en contra y se negó a validar la futura empresa pública como el instrumento adecuado para hacer frente al problema habitacional. El delegado de Urbanismo, Jesús Mora, expuso «la imposibilidad de los jóvenes para acceder a un crédito hipotecario, el encarecimiento de la vivienda y el destino para uso temporal o turístico» que expulsa a los jóvenes del mercado y añadió que «van a tomar las riendas» y van a «exprimir las competencias».
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