La empresa alcalareña Senerco Energy Services SL, titular de la marca Social Energy, ha sido declarada en concurso voluntario de acreedores por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla, en un contexto marcado por reclamaciones de decenas de clientes que adelantaron dinero para instalaciones fotovoltaicas que no llegaron a ejecutarse o quedaron sin finalizar. Esta situación ha dejado a numerosos consumidores sin servicio y a la espera de una solución.

Según ha adelantado el diario El Conciso, la declaración judicial se recoge en un auto fechado el 20 de marzo de 2026, notificado el día 23, dentro del procedimiento de concurso ordinario número 180/2026. La propia compañía solicitó el concurso al reconocer su situación de insolvencia actual, lo que determina el carácter voluntario del proceso conforme a la Ley Concursal. El juzgado ha considerado acreditados los requisitos legales para su admisión y ha fijado el domicilio social en Alcalá de Guadaíra, donde la empresa tiene su centro de operaciones.

El procedimiento concursal permite a la empresa mantener sus facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, aunque bajo la supervisión de la administración concursal. En este caso, el juzgado no ha apreciado motivos para suspender completamente la gestión, por lo que la sociedad podrá seguir operando, si bien cualquier decisión relevante deberá contar con la autorización o conformidad del administrador designado.

La entrada en concurso se produce tras meses de reclamaciones públicas de clientes que denuncian haber abonado cantidades importantes —en algunos casos el importe total— por instalaciones de autoconsumo que no se ejecutaron o que sufrieron retrasos prolongados. Entre las quejas se repiten problemas como la falta de información, incumplimientos de plazos y la ausencia de respuestas claras por parte de la empresa.

Algunos de estos conflictos han llegado incluso a instancias oficiales, como la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía, que en al menos un caso dictó un laudo favorable al cliente obligando a la empresa a completar o sustituir la instalación contratada. Además, se han organizado iniciativas colectivas de afectados que denuncian un patrón común de adelantos económicos sin prestación del servicio, lo que refleja el alcance de la situación en el momento de la declaración del concurso.

Por el momento, el juzgado no ha cuantificado la deuda ni el volumen del pasivo de la empresa, aspectos que se determinarán durante la fase común del procedimiento. La administración concursal, asumida por Summa Iuris, será la encargada de analizar la situación económica de la sociedad y gestionar las comunicaciones de los acreedores, que dispondrán de un plazo de un mes desde la publicación en el BOE para reclamar sus créditos.