El 21 de febrero de 1936 el diario de sesiones de la Diputación Permanente de las Cortes Españolas publicaba el proyecto de decreto-ley de amnistía para los penados y encausados por delitos políticos y sociales, incluyendo en ellas a los concejales de los ayuntamientos del País Vasco condenados en sentencia firme. La autorización del presidente de la República Niceto Alcalá Zamora posibilitaba que la Diputación Permanente de las Cortes, órgano especial designado por el Congreso, cuando este no está constituido y encargado de sustituirle hasta tanto lo haga; discutiera, analizara y aprobara el mencionado decreto. Veintiuno de los representantes de la voluntad popular, manifestada en las elecciones del 16 de febrero, se reunieron esa tarde a las seis y media.

CONTENIDO EXCLUSIVO

Hazte socio. Si ya lo eres y aún no tienes claves pídelas a socios@lavozdealcala.com

Si ya eres socio inicia sesión