editorial

El gobierno de Alcalá presume de legalidad en asuntos en los que la ética debería ser tanto o más válida que el ajuste a la legislación. El caso de los extrabajadores de Innovar es un ejemplo claro de cómo el PSOE de Alcalá reviste de legalidad y garantías jurídicas asuntos carentes de ética. Que trabajadores que entraron a dedo en empresas públicas sin ningún tipo de control hoy formen parte de la plantilla municipal con todos los derechos que recoge el convenio colectivo es legal, pero quizás poco ético y muy poco respetuoso con el derecho de todos los ciudadanos a acceder a un puesto de trabajo público en igualdad de mérito, capacidad y publicidad.

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