El gobierno ha sacado a licitación el nuevo contrato del servicio de transporte urbano de Alcalá por un importe de diez millones de euros. Este servicio se prorrogó en 2015 por otros cinco años que se cumplieron el pasado 2020. Entonces se aprobó una nueva prórroga excepcional para no dejar desierto el servicio mientras se sacaba la nueva licitación.
Este nuevo contrato, según el pliego de prescripciones técnicas, contiene novedades importantes, tiene puntos débiles y deja de contener algunas de las promesas que este gobierno ha hecho a determinadas zonas de Alcalá. Por un lado llama la atención que la empresa ganadora del contrato tendrá que subrogar la plantilla completa actual del servicio, es decir, 28 puestos de trabajo. Se incluye en ellos el puesto de gerente, actualmente en excedencia por cargo público, tal y como recoge el pliego municipal. Se da la circunstancia de que este puesto es, precisamente, el de la propia alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez. Esto supone una novedad respecto al pliego de 2015, que no incluía esta cláusula. Es reseñable que Jiménez fue nombraba gerente de Alcalá Bus, actual prestataria del servicio, en agosto de 2011, tras haber sido delegada de Transporte en el Ayuntamiento de Alcalá en años anteriores.

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