Dice la Constitución Española que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» y que «los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». Los alcalareños, como todos los españoles, deberían estar amparados por la norma suprema del ordenamiento jurídico español. Sin embargo, muchos artículos de esta ley de leyes no han sido respetados durante mucho tiempo y se vulneran constantemente.
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