Manifestaciones antideshaucios en 2012. Lva

Un nuevo eufemismo anda suelto en el discurso político de 2012, «año IV de la crisis» o de la reforma laboral de Rajoy. Ese regate sutil del idioma recibe el título de «ajuste», una palabra etérea e incluso decorosa que lima la aspereza de otro término más crudo y sin paliativos, como es «recorte». Ya sea en la administración, la educación o la sanidad públicas, los «ajustes» se suceden a lo largo de un curso en el que tampoco el Consistorio falta a la cita con la tijera. Sitiado por una deuda con los proveedores cercana a los 24 millones de euros, el Pleno aprueba en marzo ‒con los votos favorables de PSOE y PA‒ un «plan de ajuste» con el que trata de alejar momentáneamente la proximidad del despeñadero económico. Con esta medida, el Ayuntamiento se acoge a un decreto del Gobierno central que permite financiar de manera extraordinaria el pago a proveedores en un plazo de diez años. Es decir, hasta 2022.

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