El juez Javier Francisco Alba Figuero, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcalá, dictó una providencia el pasado 30 de abril acordando que la Guardia Civil transcriba e identifique a los participantes de una segunda grabación aportada en la investigación del caso ACM.
Fue la defensa del investigado José Luis Díaz Aragón la que solicitó, en un escrito fechado el 22 de marzo, que se accediera a transcribir la segunda grabación, según ha podido saber La Voz de Alcalá. Este audio estaba incluido en el sumario de la investigación, aunque no se había transcrito aún por motivos que se desconocen. La primera grabación se entregó a la Fiscalía en 2013.
Acusaciones
Asimismo, el magistrado que investiga lo sucedido en el seno de la extinta empresa pública ACM acordó también el pasado 25 de abril, apartar a la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcalá, María del Carmen Rodríguez Hornillo, del procedimiento como acusación particular. El titular del Juzgado ha argumentado que «no hay constancia de ningún tipo de perjuicio u ofensa directa en relación a la persona de la señora Rodríguez Hornillo en cuanto a los delitos que son objeto del presente procedimiento» y aclara que «son intereses difusos los que motivan la penalización de los hechos supuestamente cometidos en el seno de la empresa municipal»; por lo que «no puede hablarse de un interés particular en la acusación».
El juez toma esta decisión «visto el estado del procedimiento y las solicitudes pendientes de resolver». Decide también el magistrado mantener en el procedimiento como acusaciones populares al sindicato Comisiones Obreras –CCOO– y al Grupo Andalucista del Ayuntamiento. La continuidad en el ejercicio de la acusación popular queda condicionada, eso sí, al pago de una fianza de 2000 euros, por cada una de las partes, en un plazo máximo de diez días.
Argumenta el juez que «no existe ningún precepto legal que impida o niegue la legitimación de un grupo municipal o sindicato para ser acusación popular». De esta forma, y en caso de que ambos decidiesen seguir adelante como acusación en el caso, esta se completaría con la del Ayuntamiento de Alcalá —en este caso sí como acusación particular—, y por la Fiscalía, que actúa de oficio desde que le llegase la grabación de manos de los grupos de la oposición en el año 2013.