Alwadi-ira – Ecologistas en Acción– ha presentado numerosas alegaciones a los proyectos de planta fotovoltaica Artemisa y Heracles que pretenden instalarse en el término municipal de Alcalá de Guadaíra.
Además de estas alegaciones, presentadas ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, ha solicitado al Ayuntamiento de Alcalá la suspensión de ambos proyectos durante un año, al objeto de gestionar su paralización definitiva.
Igualmente, Alwadi-ira ha solicitado a la Fiscalía de Medio Ambiente, entre otras medidas, que se dicte declaración de nulidad de pleno Derecho de todas las licencias urbanísticas otorgadas hasta la fecha sobre «suelo no urbanizable» en el término municipal de Alcalá de Guadaíra, en base al artículo 12.1. de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables de Andalucía, por «haberse tramitado sin la planificación sectorial estratégica y de armonización urbanística».
Para Alwadi-ira «resulta innegable la contribución de la energía solar fotovoltaica a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y a la consolidación de un tejido productivo descarbonizado». Sin embargo, «la repercusión negativa de las plantas fotovoltaicas no puede ser ignorada: fragmentación del territorio, ocupación de suelos, impactos paisajísticos, consumo de agua, usos agroganaderos en conflicto, pérdida de biodiversidad, etc».
Así, si se permite la utilización de más de 85 hectáreas para la planta fotovoltaica de Artemisa, que se suma a otros proyectos ejecutados o en ejecución que representan aproximadamente otras 2000 hectáreas, el espacio de la dehesa de Bucaré quedará «rodeado por tales instalaciones, el declive de los terrenos afectados será inevitable y la recuperación una quimera a todos los efectos, conculcando gravemente los derechos señalados con anterioridad y causándole un irreparable daño medioambiental a esta área geográfica del municipio alcalareño», según denuncian los .
El grupo ecologista indica en sus documentos de alegaciones que la superficie ocupada por las plantas fotovoltaicas en el término municipal de Alcalá y los proyectos que se están tramitando ascienden ya «a más de 3000 hectáreas lo que representa más de un 12% del Suelo No Urbanizable».
Además en sus alegaciones se desgranan argumentos como que «no se acredita el interés social o utilidad pública para invadir zonas de especial protección o de carácter rural o natural y también que la ubicación de los proyectos que se someten a exposición pública están a escasa distancia del ámbito de aplicación del Plan de Conservación de Aves Esteparias y de la “Zona Importante para las Aves Esteparias” denominada Campiña de Carmona a Arahal».
Estos proyectos responden, a juicio de los ecologistas, «a intereses fundamentalmente económicos del sector sin que se haya valorado suficientemente la pérdida del suelo, el paisaje ligado a la propia actividad agrícola y a elementos territoriales de gran interés, como el río Guadaíra y su cuenca, condicionados por el Programa Coordinado de Recuperación y Mejora del río Guadaíra, setos de interés medioambiental y, especialmente, la Dehesa de Bucaré, declarada Hábitat de Interés Comunitario (HIC 6310) y Paisaje Sobresaliente, protegida además de acuerdo con el PGOU (artículo 135) como “Suelo No Urbanizable Protegido por Interés Agrario”, calificación que subraya el interés público (ambiental, social y económico) de estos terrenos».
No es la primera petición
Alwadi-ira ha protagonizado otras dos peticiones de paralización total de otras dos plantas fotovoltaicas. La primera de ellas, el pasado ocho de septiembre, cuando los ecologistas llevaron a la Fiscalía la de Medio Ambiente el proyecto de macroplanta fotovoltaica de 400 hectáreas denominado Bucaré. Consideraran que se puede estar ante un delito ecológico, ya que afecta a un espacio protegido y de gran valor medioambiental.
Justo un mes después, el pasado 8 de octubre presentaron alegaciones contra la planta fotovoltaica HSF Tres Pozos, ubicada entre Gandul y el Castillo de Machenilla, en el término municipal de Alcalá, y que afecta a la comarca de los Alcores.
Según estas alegaciones, «ocasionará impactos socioeconómicos negativos» y «se olvida del plan de restauración de la cantera de Las Majadillas». Por otra parte, denuncian que el proyecto incumple el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS).