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El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha denunciado ante la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Sevilla, al Gobierno por «las irregularidades en la contratación y las condiciones laborales de los trabajadores del Completo Deportivo Distrito Sur», dependiente del Consistorio.

Entra las irregularidades denunciadas por el PP se encuentran «los continuos retrasos en el pago de sus nóminas, la concatenación de contratos en fraude de ley, el abuso de la temporalidad, unos salarios muy por debajo del Convenio Colectivo, ausencia de periodos vacaciones retribuidos, constante incumplimientos en materia de Prevención de Riesgos Laborales»

Según la portavoz popular, Sandra González, «es inadmisible para cualquier Ayuntamiento, y menos para esos a los que se les llena la boca hablando de progresismo y defensa de los trabajadores, como ocurre en el de Alcalá, tener a muchos de ellos soportando situaciones laborales absolutamente tercermundistas y de total explotación laboral».

Tal y como ha señalado Gonzalez, «para que nos hagamos una simple idea de la explotación a la que están sometidos, se les está pagando desde el año 2015 a 5,5 euros la hora, cuando según el Convenio Colectivo al que están acogidos las deberían cobrar a 7,19 euros».

Para González, «lo grave de todo esto es que el Gobierno de Jiménez es perfecto conocedor de esta situación, a pesar de lo cual no ha movido un solo dedo para solucionar la interminable lista de irregularidades laborales que se han cometido con estos empleados».

Según los propios trabajadores afectados, la empresa adjudicataria del servicio les ha asegurado que «es insostenible» mantener sus nóminas y seguros sociales, puesto que «el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaría no les paga desde 2019».

A todo esto hay que sumar, que las horas que no estaban de alta «no se cobraban en nómina sino en un cheque que recogíamos en la oficina», según denuncian los propios trabajadores.

«Una relación contractual irregular»

El gobierno de Jiménez, según el PP, «reconoce en un documento interno oficial al que ha tenido acceso que esta instalación se encuentra a disposición del público siendo explotada mediante una relación contractual irregular”, algo por lo que «tanto la alcaldesa como la delegada de Recursos Humanos, deben dar explicaciones inmediatas a los alcalareños», ha aseverado Sandra González.

Reunión con los afectados

Sólo horas después de la presentación de la denuncia ante la Inspección de Trabajo, Sandra González se reunió con los trabajadores afectados, a los que le comunicó los pasos dados, quedando a su disposición para «obligar al Gobierno de Jiménez a que resuelva, a la mayor brevedad, esta tan lamentable como bochornosa situación que llevan padeciendo desde hace años ante el pasotismo y permisividad de la alcaldesa».