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La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha destinado 2.641.991 euros a la Diputación de Sevilla y los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes para la financiación de los equipos de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección; de los cuales 120.526 euros serán para Alcalá de Guadaíra.

Esta cuantía cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022, según establece la Orden que ha publica  el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 12 de febrero y que se puede consultar en https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/29/BOJA21-029-00003-2109-01_00186038.pdf

En la provincia las ayudas se reparten entre la Diputación provincial (475.750 euros); y los ayuntamientos de Sevilla (621.642 euros); Alcalá de Guadaíra (120.526 euros); Bormujos (88.806 euros); Camas (88.806 euros); Carmona (88.806 euros); Coria del Río (88.806 euros); Dos Hermanas (149.069 euros); Écija (88.806 euros); Lebrija (88.806 euros); Mairena del Alcor (88.806 euros); Mairena del Aljarafe (88.806 euros); Morón de la Frontera (88.806 euros); Los Palacios y Villafranca (88.806 euros); La Rinconada (88.806 euros); San Juan de Aznalfarache (88.806 euros); Tomares (88.806 euros) y Utrera (120.526 euros). Las ayudas beneficiarán a unas 1.152 familias y cerca de 2.178 menores.

Este programa, dotado en total con 13.720.602 euros, tiene como objetivo proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo o desprotección, un tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación que pueda afectar directa o indirectamente al bienestar de los menores. En total, las ayudas beneficiarán a 92 entidades locales en toda Andalucía y para este periodo se prevé atender a más de 6.000 familias y 12.000 menores.

Se trata de preservar los derechos de los niños y niñas, promoviendo su desarrollo integral en su medio familiar; y posibilitar su retorno a la familia de origen en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los y las menores.

En la actualidad, estos equipos para el tratamiento a familias están integrados por 462 técnicos y 92 coordinadoras que actúan en 84 municipios de más de 20.000 habitantes y en las 8 diputaciones provinciales con el objetivo de mejorar las condiciones de las familias en situación de riesgo social, de manera que puedan ejercer adecuadamente sus funciones parentales y evitar la separación de padres, madres, hijos e hijas.

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