El Equipo de Gobierno ha mostrado en una nota de prensa, su defensa del procedimiento técnico y administrativo realizado en el proceso de adjudicación de la redacción de las obras de remodelación de la calle Nuestra Señora del Águila. Tanto en la declaración de desierto en la primera licitación como en el nuevo procedimiento abierto «que no queda en ningún caso paralizado», pese a que la resolución del Tribunal Administrativo señala en su fundamento tercero que «la suspensión de los efectos de la declaración de desierto lleva consigo la del procedimiento que haya podido iniciarse».
Según una nota, el gobierno ya ha presentado las alegaciones correspondientes ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta para «el levantamiento de la suspensión cautelar dictada a raíz de la reclamación de un licitador». Según dicha nota, las alegaciones del Ayuntamiento están argumentadas «en el interés general por encima del particular y en que no se prejuzga el fondo del asunto», un proyecto de transformación urbana que beneficia a la globalidad de la ciudad, respaldado y subvencionado con la cofinanciación de la Unión Europea dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI) mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible.
El portavoz municipal, Jesús Mora, apunta en la nota que «si la propuesta de la persona recurrente no se aceptó fue exclusivamente porque no alcanzaba el umbral de puntos, los mínimos exigibles de calidad, y esa decisión no es una cuestión aleatoria, sino del informe técnico de personal profesional funcionario, que son quienes valoran tanto los criterios automáticos como los de calidad, en base a criterios de experiencia y profesionalidad», y abunda diciendo que al personal técnico «no se (le) debe poner en duda su trabajo porque garantizan las condiciones (de) seguridad, excelencia o imparcialidad».
Mora ha explicado que la suspensión decretada «es una medida cautelar y no entra en el fondo del proyecto, que el Equipo de Gobierno va a defender por el beneficio que supone para Alcalá. Por este motivo, el proceso no sufrirá ninguna paralización».
Además, Mora indica que el recurso planteado carece ya de objeto en los términos en que figura redactado, «ya que su resolución sólo implicaría la reanudación de un nuevo proyecto, que es el que ya está en marcha y en el que participa precisamente el recurrente».
Así, el gobierno asegura que sigue en curso el nuevo procedimiento de licitación, «porque se cumplen todas las garantías legales de objetividad e imparcialidad». Es más, el recurrente está amparado de oficio por la propia ley, ya que en el nuevo procedimiento, en el que también se ha presentado, tiene el derecho de impugnación si es que no se hubiera resulto legalmente su recurso contra el concurso desierto y en esta ocasión el tribunal suspendería el proceso automáticamente, pero no se paralizaría un proyecto de ciudad, y menos por una cuestión de forma.