El Sindicato de Empleados Municipales (SEM) ha culpado a la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, y a la delegada de Participación Ciudadana, Rocío Bastida, de las colas que se están produciendo en la OAC.
Además, ha anunciado que llevará a la justicia todos los incumplimientos del gobierno y a Bastida como responsable de la OAC. Este sindicato manifiesta que «se están colas de espera de más de 50 personas al sol, sin respetar las distancias de seguridad en pleno estado de alarma», calificando esta situación de «maltrato institucional».
Según el SEM, «la responsable directa es Ana Isabel Jiménez como alcaldesa de la ciudad y Rocío Bastida, concejal responsable de la OAC. En este sentido, aseguran que Bastida está demostrando ser «una inepta» al no ser apta para las funciones que se le encomiendan. La acusan de no escuchar a los empleados y no reforzar los servicios con personal ni dotarlos de los medios necesarios. «Rocío Bastida improvisa a golpe de teléfono según donde llegue la cola de gente en la puerta del Ayuntamiento», critican.
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Además, apunta el SEM, «Rocío Bastida es una mujer de números y trata a los ciudadanos y empleados municipales como tal» y «no son números los que esperan al sol, son los ciudadanos que necesitan alimentos o descuentos en sus recibos de suministros». El sindicato aclara que «son los políticos que gobiernan en Alcalá los que les exponen innecesariamente a contagiarse guardando cola como en tiempos de racionamiento».
Por último, recuerda el sindicato, que el gobierno de Ana Isabel Jiménez «ha recortado en personal al servicio de los 3,38 millones euros en el presupuesto para este año 2020»; «ha sido condenado por excluir del ámbito de aplicación del convenio colectivo a las personas más necesitadas de Alcalá, contratadas a través de los planes de empleo de la junta a los que deberían haber pagado prácticamente el doble de lo que les han pagado y solo van a devolver ese dinero a los trabajadores que demandaron. Esta situación es «aún más grave» teniendo en cuenta que el Ayuntamiento tiene superávit; y ha rechazado el dinero que tenían ya concedido para seguir con los planes de empleo y poder contratar a las familias necesitadas.
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