En el día de hoy, la portavoz del Grupo Popular, Sandra González, ha solicitado a la alcaldesa que se pague de manera inmediata más de 2 millones de euros a los afectados por los planes de empleo, de las cuales ya dicto sentencia el Tribunal Supremo.
Recordemos que el nuevo auto, del 21 de enero del Tribunal Supremo, declara “firme” una sentencia del TSJA, que confirma a su vez otra del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla, sobre el derecho de uno de estos trabajadores temporales a cobrar “las diferencias salariales entre lo abonado por el Ayuntamiento y lo que le corresponde según convenio”. También impone el pago de las costas procesales al Consistorio, ya que, en noviembre de 2018, esta instancia había decidido no admitir un recurso de casación del Ayuntamiento contra una sentencia similar, ordenando abonar 5.321 euros adicionales a otro peón contratado a través del Plan de Empleo Joven de la Junta. Todo esto se agrava con la caída del empleo en nuestra localidad, que venía siendo patente antes de la crisis del COVID 19 y que ha dado lugar a que más de 1.200 alcalareños hayan perdido su empleo sólo en el mes de marzo.
Según Sandra González: “exigimos que el Ayuntamiento deje de pleitear contra los más débiles y asuma sus responsabilidades y pague a los trabajadores según convenio, estén con sentencia a favor o no, ya que la justicia ha hablado sentando jurisprudencia. Muchos de ellos tienen a todos sus miembros en el desempleo mientras el Ayuntamiento tiene guardado el dinero en un cajón. Los planes de empleo afectados por esta polémica fueron planificados por la Junta de Andalucía en la etapa del gobierno autonómico anterior y aplicados por los diferentes Ayuntamientos de toda Andalucía.
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