El 21 de julio, martes a las 18.30, se cumplirá el noventa aniversario de la entrada de las tropas sublevadas contra la II República en Alcalá de Guadaira. Acababan de tomar el barrio de Triana, y dejar atrás miedo y dolor. La entrada estaría precedida a mediodía de un vuelo de reconocimiento de los sublevados para comprobar si había resistencia en la ciudad. ¿Que resistencia podía haber en una ciudad con una población cercana a los 19.000 habitantes en su mayoría jornaleros y jornaleras cuyas aspiraciones se cifraban en mejorar las condiciones de vida de sus familias secularmente empobrecidas?
Desde la Asociación de Memoria Histórica y Democrática de Alcalá nos proponemos contribuir a la difusión de los sucesos y las consecuencias que la sublevación militar contra el gobierno legal de la II Republica tuvieron en Alcalá de Guadaira, haciéndonos eco de las investigaciones realizadas especialmente en los últimos años para que éstas no se queden en los estantes de las librerías y llegue al mayor número de público posible. A través de una serie de capítulos podremos conocer que pasó en nuestra ciudad esos días, que medidas tomaron las autoridades municipales leales al gobierno republicano, qué sucesos ocurrieron previos a la entrada de las tropas sublevadas, cómo se llevó a cabo la entrada de las tropas, quiénes, dónde y como tuvo lugar, las primeras consecuencias, encarcelamientos y asesinatos, la toma de la ciudad por su importancia estratégica, la consolidación como ciudad de retaguardia y sus instalaciones, la represión sistemática posterior, la existencia de “topos”…. Y en definitiva las repercusiones que en ella se vivieron tras la sublevación militar que condicionó durante muchos años el silencio impuesto y la vida de muchas familias alcalareñas.
Los días previos
Alcalá vivía con preocupación las aún escasas noticias sobre el levantamiento de las tropas en Melilla el 17 de julio, así como, otra extendida masivamente, el asesinato de uno de los empresarios con los que habitualmente el Sindicato (CNT) solía llegar a acuerdos laborales y que las autoridades sublevadas presentarían más tarde, sin investigación y sin pruebas, como “mártir de la barbarie roja”. El Ayuntamiento democrático, surgido de las elecciones de 1931 y que había sido restituido tras las elecciones del Frente Popular en febrero de 1936, celebraba la que sería su última sesión plenaria a las veintiuna y treinta de la noche presidida por el alcalde Juan Clemente Trujillo. La sesión se vería alterada por la llegada de un guardia municipal comunicando el atentado, con causa de muerte, sufrido por Agustín Alcalá y Henke en la puerta del casino Círculo de Alcalá por un individuo desde la calle de enfrente, Blanca de los Ríos. La Corporación suspendió la sesión, manifestó su protesta por el atentado y se puso a disposición de la Guardia Civil para el esclarecimiento de los hechos. El día 18 de julio se recibiría en el punto el cadáver de Agustín Alcalá y comenzarían a llegar las primeras noticias de la represión de las tropas sublevadas en Sevilla y las primeras “arengas radiofónicas” del general Queipo de Llano llamando a la extrema violencia contra los defensores de la Republica.
El 18 de julio la Guardia Civil alcalareña permanecía acuartelada en su cuartel de el Derribo, al igual que en el primer intento de golpe con Sanjurjo en agosto de 1932, se mostraba expectante ante los sublevados en Sevilla mientras aseguraba al alcalde Trujillo su lealtad con la República. La gravedad de la situación marcaba que el Ayuntamiento era en estos momentos la única institución leal al Estado y por lo tanto debía oponerse a los sublevados con los medios a su alcance y así garantizar la defensa y protección de una población inquieta y asustada ante los acontecimientos que se iban conociendo. El Ayuntamiento, como otros muchos, se constituirá informalmente-no hay documentación formal-en Comité de Defensa (otros lo llamarían Comité Revolucionario) y para ello contará con las fuerzas integrantes de la coalición del Frente Popular (Izquierda Republicana, Unión Republicana, PSOE, PCE presidido por Francisco García Bono de IR) y especialmente con la colaboración del Sindicato de Oficios y Profesiones Varias de Trabajadores (CNT). Coordinarán medidas de registros, búsqueda de todo tipo de armas, pistolas, escopetas o sables por los domicilios de personas consideradas desafectas a la Republica, colocarán barricadas, puestos de guardias…conforme los acontecimientos se iban sucediendo.
Presidente de IR
Esta requisa de cualquier elemento defensivo serviría para “armar” los cinco puestos de guardia y defensa de la ciudad: en el chalet Villa Pulmonía carretera de la Venta La Liebre, en el Puente junto a las carreteras de Dos Hermanas y Utrera, en la Venta La Parra junto al cruce con carretera de Mairena del Alcor, en la Cruz del Inglés y en el Ayuntamiento. En el Duque se estableció la coordinación de los coches que apoyaron toda la logística necesaria cuyo responsable era Teodoro Serrano. Dentro de la ciudad se levantarían barricadas de adoquines y obstáculos de alambres de espino, sustraídos de la ferretería Mora, para impedir o dificultar la entrada de los sublevados por la Plazuela, el Punto, el Puente, el Barrero o la calle Blanca del los Ríos.
Durante los días 18 al 21 serian detenidos 38 hombres considerados desafectos con la Republica. A lo largo de esos días varios de ellos serían puestos en libertad por diversas circunstancias de enfermedad familiar y otros serían mantenidos en el depósito carcelario con la intención, según manifestaron en posteriores consejos de guerra los acusados, de protegerlos de posibles agresiones incontroladas. De entre las personas detenidas los que ofrecieron mayor resistencia serían los hermanos Fernández Palacios “Ibarra”, falangistas todos, en su casa de la Cuesta de Santa María. Tras ser desarmados, cinco de ellos serían conducidos a la cárcel municipal, quedando en la casa un hermano, las hermanas y la madre que serían protegidas por una guardia municipal enviada por el Ayuntamiento y por dirigentes obreros y concejales como Bartolomé Pozas, enviados por representantes del Comité de Defensa del Frente Popular, como reconocerían en declaraciones los afectados. No hubo esa reciprocidad tras la entrada de las tropas sublevadas con estos protectores.
Durante los días 18 y 19 una parte de la actividad laboral siguió funcionando, panaderías, transportes, servicios de agua y electricidad, en cambio muchos establecimientos comerciales y bares cerraron, a muchos campesinos se les impidió salir a trabajar a cortijos y haciendas y muchas criadas serían recogidas de las casas donde servían por sus familiares. A lo largo de las noches del 18 y 19 de julio se producirían los incendios y saqueos de las Iglesias de Santiago, de San Sebastián, la ermita del Águila, la capilla del Carmen, el convento las Clarisas, el colegio Salesianos, establecimientos y casas particulares. De estos incendios se culpabilizaría a los defensores republicanos pero los dirigentes del Frente Popular siempre negaron estas autorías, de hecho, existen testimonios, no sospechosos, como el del Juez Pérez Díaz o la superiora del colegio de las monjas que manifestaron que determinados concejales impidieron que se les prendiera fuego a estas instalaciones y que eran obra de elementos incontrolados, pese a las peticiones de llamadas a la calma de las autoridades republicanas. Por otra parte, también está acreditado que cuando el alcalde Trujillo tuvo conocimiento de estos hechos mandó el camión de riego municipal para apagarlos durante toda la noche hasta la mañana del 19. Esto sería reconocido por el alcalde Mesa ante el juez municipal porque la manga de riego pasó por su domicilio para apagar el fuego en la iglesia de Santiago.
Durante esos días la Corporación municipal repartirían bonos o vales para recoger comidas y medicamentos en las diferentes tiendas o farmacias locales. También se organizaron los servicios médicos, de manera que los siete médicos y 4 practicantes de la Beneficencia Municipal establecieron turnos extraordinarios de guardias de dos horas.
Pero llegaría la aciaga tarde del 21 de julio y las crónicas franquistas de la mano de Ortiz de Villajos escribirían que Castejón “operó en Triana infringiendo al barrio un castigo tajante y rotundo acompañado de unos treinta legionarios, cincuenta falangistas, cincuenta requetés y otros treinta o cuarenta guardias civiles, tras lo cual se dirigió a Alcalá de Guadaira”. Las tropas sublevadas salieron sobre las tres de la tarde de la Plaza Nueva en tres camiones de mercancías y un camión de la empresa Casal Traían artillería, fusiles, granadas de mano y un coche blindado. Los oficiales el comandante Castejón, los tenientes Gassol y Barrau, el teniente de la Guardia civil Anguita, el legionario y portero del Sevilla Eizaguirre, el falangista Alfonso Ibarra vendrían en vehículos particulares.
La entrada se produciría desde varios lugares: los requetés vendrían en el camión de la empresa Casal por el camino, hoy autovía A 92, desembocaría en la calle Nueva hasta llegar al Barrero y de ahí al casco urbano. El resto entró por la Venta de la Liebre dirigiendo fuego de artillería hacia Villa Pulmonía provocando la huida de los allí colocados. Esos cañonazos serían la señal inequívoca de la entrada de las tropas y provocaría la huida muchos de republicanos y sindicalistas. Desde ahí se dirigirán unos por la calle Orellana al Derribo desde donde la Guardia Civil se uniría a los sublevados camino del Ayuntamiento. Otro grupo con Castejón subiría por la calle Tajo (cercana al actual Auditorio) a la calle San Miguel y de ahí a la cárcel para liberar al resto de los prisioneros derechistas. El acceso a la cárcel lo tuvieron que hacer desde la casa lateral puesto que esta estaba cerrada y el carcelero no permitía la entrada. Tras liberar a los presos este grupo se unió al que bajaba por la calle Orellana y con gritos y disparos se dirigieron al Ayuntamiento donde el alcalde, concejales y sindicalistas huían desde la calle Nicolás Alpériz a las zonas de huertas del río y del campo buscando protección. A muchos de ellos no se les volvería a ver.
En el despacho del alcalde les esperaba el jefe de la Guardia Municipal Miguel Ángel Troncoso, como última autoridad de la ciudad, y que seria asesinado. En el mismo edificio del Ayuntamiento estaba la Casa de Socorro, en cuyas instalaciones entraría el teniente Gassol y a punto estuvo de matar al médico de guardia Zamora, deteniendo a todos los que allí se habían refugiado.
Tras esta actuación, y al no encontrar resistencia alguna, los sublevados se pasearon exhibiendo armas y amedrentando a una población aterrorizada. La ciudad se había vuelto muda de terror. Tras varias horas, entrada la noche las tropas dejaron un retén de soldados en el sindicato CNT y regresaron a Sevilla. Las esperanzas republicanas habían terminado en Alcalá y comenzaba una etapa de represión.