El pleno del Ayuntamiento aprobó el Plan Económico y Financiero 2026-2027 en una sesión marcada por el choque entre el gobierno, que lo defendió como un ejercicio de cumplimiento de la ley y «reprogramación» de inversiones, y la oposición, que lo calificó como un «plan de ajuste» derivado de previsiones irreales.
La delegada de Hacienda, Ángeles Ballesteros, defendió como una obligación derivada de la ley de 2012. La responsable municipal sostuvo que el Ayuntamiento «sigue creciendo en empleados para dar respuesta a una ciudad que sigue creciendo con casi 80.000 habitantes» y que ese aumento ha venido acompañado de un incremento del gasto en servicios.
Ballesteros subrayó que en 2025 se elevó el grado de ejecución de las inversiones. Según explicó, el crecimiento del cómputo presupuestario y las variables que afectan a la estabilidad y la regla de gasto obligan a presentar este plan, aunque defendió que el Consistorio ha demostrado «ser capaz de alcanzar el equilibrio sin parar la maquinaria».
La delegada insistió en que el documento no implica recortes, sino una reorganización temporal. «Se van a reprogramar actuaciones que, de acuerdo con el calendario, tendrán un grado de ejecución diferente entre 2026 y 2027. En nada afectará al día a día de los alcalareños», precisando que en un presupuesto de 150 millones «vamos a reprogramar 3,5 entre 2026 y 2027», pese a que «la liquidación fue positiva».
Entre las actuaciones afectadas por esa «reprogramación» se encuentran intervenciones en el Monumento Natural, la nueva piscina de verano, infraestructuras de la ronda sur, la construcción de una pista de atletismo en Los Cercadillos y las obras de urbanización de este mismo ámbito, que en conjunto suman esos 3,5 millones de euros.
Frente a este planteamiento, el portavoz del PP, Esaú Pérez, criticó que, a su juicio, el documento «no es para mejorar la ciudad», sino «un documento de ajuste e imperativo porque hay que cumplir con la ley», y sostuvo que el gobierno local «ha incumplido de forma sistemática», lo que, según afirmó, conlleva «la tutela de la Junta de Andalucía». «Hay que ser honesto y no hacerse trampas al solitario», añadió.
Desde Vox, Carmen Loscertales incidió en la misma línea. «Se lo veníamos diciendo y ustedes, con su habitual prepotencia, han hecho oídos sordos». La concejala señaló que la obligación de presentar el plan responde a un incumplimiento y criticó que se hayan contemplado «ingresos que no eran realistas», basados en recursos «puntuales» y no estructurales.
El concejal de Alcalá Nos Importa, José Luis Roldán, fue más allá y calificó directamente el documento como «un plan de ajuste». «Mientras vendían el crecimiento ya estaban preparando el plan», afirmó, atribuyendo la situación a «más gastos y menos ingresos reales». Por su parte, el concejal no adscrito Manuel Araújo afirmó que este tipo de planes no los presentan «ayuntamientos que tengan las cuentas saneadas».
El enfrentamiento evidenció dos lecturas opuestas de un mismo documento. Mientras el gobierno insiste en que se trata de una «reprogramación» sin impacto en la gestión diaria, la oposición lo interpreta como un «ajuste» en su sentido más crítico.
De los desbroces a la autodeterminación del Sahara
En el turno de mociones, el grupo popular sacó adelante, con la abstención del gobierno, una propuesta para impulsar un plan urgente de desbroce en solares y espacios municipales, que incluye también el control de parcelas privadas y la creación de un calendario preventivo anual. Durante el debate, José Luis Roldán y Manuel Araújo señalaron que se trata de «mociones que deberían ser de obligado cumplimiento», mientras que desde Vox se cuestionó la gestión municipal: «¿Se han hecho los deberes?». El gobierno defendió que los trabajos «comienzan el 27 de abril» por criterios técnicos fijados por bomberos y técnicos municipales.
También prosperó por unanimidad otra iniciativa del PP, defendida por Nacho Martín, para reforzar la transparencia en las obras municipales mediante la instalación obligatoria de cartelería informativa en actuaciones de más de 100.000 euros, con datos sobre presupuesto, empresa adjudicataria y plazos de ejecución.
Por su parte, Vox llevó al pleno una propuesta para reforzar los mecanismos contra la ocupación ilegal, con medidas como la creación de un censo de viviendas ocupadas, asesoría legal a afectados y protocolos de actuación inmediata. La portavoz, Carmen Loscertales, justificó la iniciativa tras relatar «dos intentos de ocupación frustrados esta semana en Alcalá» y alertar de la inseguridad que generan. Durante el debate, Roldán reclamó «capacidad de respuesta» y el portavoz del PP, Esaú Pérez, defendió «tolerancia cero con la ilegalidad», mientras que el gobierno pidió ceñirse a las competencias municipales y rechazó «demagogia y bulos», aportando datos sobre la incidencia de estos casos en la ciudad.
En el ámbito político, Alcalá Nos Importa defendió una moción en apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y al cumplimiento de las resoluciones de la ONU, que generó un debate con posicionamientos enfrentados. Vox la rechazó y criticó al PSOE por «alinearse con Rabat», mientras que el PP pidió no «ponerse de perfil». Los socialistas defendieron que el gobierno local siempre ha mostrado su «solidaridad con el pueblo saharaui» y recordó la colaboración municipal con el programa «Vacaciones en Paz». No obstante evitaron un posicionamiento más claro, puesto que el asunto generaba incomodidad por el bandazo geopolítico que dio el gobierno de España presidido por el socialista Pedro Sánchez. Los andalucistas en cambio, sí se manifestaron con rotundidad. El portavoz Christopher Rivas dijo que están «a favor de que el pueblo saharaui decida su futuro». La moción fue rechazada con los votos en contra de Vox y PSOE.
La formación también presentó una propuesta para reforzar la transparencia en los litigios municipales, reclamando información detallada sobre cada procedimiento, incluidos costes, resultados y partes implicadas. Por último, el concejal no adscrito Manuel Araújo defendió una iniciativa sobre transparencia y empleo público en la que denunció «enchufismo» y pidió evitar que el Ayuntamiento sea «un cortijo». Desde el gobierno, la delegada de Recursos Humanos, Teresa García, respondió que las contrataciones se rigen por los principios de «igualdad, mérito y capacidad».