El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra aprobará este jueves el Plan Económico-Financiero 2026-2027, un documento de obligado cumplimiento tras constatarse el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto en la liquidación del ejercicio 2025.
Para corregir esta situación, el documento establece un horizonte de dos años -2026 y 2027- en el que se prevé recuperar el equilibrio presupuestario. La estrategia combina medidas de contención del gasto con una revisión de las previsiones de ingresos.
La principal medida concreta del plan es la declaración de no disponibilidad de créditos presupuestarios, lo que impide utilizar determinadas partidas sin que estas desaparezcan formalmente. Esta decisión supone el bloqueo de 3,56 millones de euros en inversiones, afectando a actuaciones como mejoras en el Monumento Natural, la construcción de una piscina de verano, infraestructuras en la Ronda Sur y proyectos urbanísticos en el ámbito de Los Cercadillos .
El Plan Económico-Financiero incluye tanto al Ayuntamiento como a la empresa pública de vivienda VIVE y la sociedad AIRA Gestión Ambiental, integradas en el sector Administraciones Públicas a efectos de contabilidad nacional . El documento refleja que el desequilibrio responde al conjunto del sector público local.
Tutela de la Junta de Andalucía
Uno de los elementos centrales del procedimiento es la intervención de la Junta de Andalucía como administración de tutela financiera. Tras su aprobación inicial por el Pleno, el plan deberá ser remitido a la Comunidad Autónoma para su validación definitiva, y durante su vigencia estará sometido a supervisión en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto. Además, cualquier operación de endeudamiento a largo plazo requerirá autorización de la Junta.
El seguimiento del plan se realizará de forma periódica por la propia entidad local. La Intervención municipal elaborará informes anuales sobre su grado de cumplimiento en las distintas fases del presupuesto -aprobación, ejecución y liquidación-, que serán elevados al Pleno. Posteriormente, estos informes se remitirán en un plazo máximo de 15 días a la administración competente en materia de coordinación financiera o a la Junta de Andalucía, en el ejercicio de sus funciones de tutela financiera.
El documento no contempla medidas de racionalización del sector público ni reformas estructurales, optando por un ajuste basado en la contención del gasto, la corrección de previsiones de ingresos y la limitación de inversiones para garantizar el cumplimiento de las reglas fiscales.