- Más de 9000 firmas piden una modificación del PGOU para evitar la incineración de residuos en Alcalá
- Denuncian la destrucción de yacimientos arqueológicos en la concesión minera de la cementera
- La Plataforma contra la incineración desconfía del medidor de la calidad de aire de la cementera
La Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático de la Junta de Andalucía ha firmado la autorización correspondiente para permitir a la empresa cementera Portland Valderrivas que inicie la incineración de residuos, también conocida como valorización, durante el proceso de fabricación en su sede de Alcalá.
La Autorización Ambiental Integrada responde, en primer lugar, al cumplimiento de un auto judicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con fecha 2020 tras un largo proceso judicial que se inició en 2014.
La petición de la empresa se «ajusta», según la autorización, a lo recogido en la Ley de Economía Circular ya que «con la valorización material, los residuos se mezclan con materias naturales antes de entrar en el horno para la fabricación de cemento, lo que permite reducir los recursos que se extraen de las canteras y reducir el volumen de material sobrante que debe ir a los vertederos» según apunta la Junta en una nota.
La autorización firmada por la Junta supone que la empresa cementera incluirá residuos industriales no peligrosos que sean «reutilizables o reciclables» técnica, ambiental y económicamente durante el proceso de fabricación. La empresa está «obligada» al control de calidad de los residuos con sistemas que permitan preservar las características de los residuos, su calidad y sus parámetros físicos y químicos, controlando los parámetros relevantes.
Una cabina de control medirá constantemente la calidad del aire en la Barriada La Liebre, la más próxima a la cementera. Para cumplir los requisitos de la autorización «la empresa lleva midiendo la calidad del aire desde el 21 de marzo de 2023», ya que se le exigió que «no podría iniciar este proceso si no presentaba los registros de calidad del aire en la zona durante un año antes».
Cuando empiece a funcionar la planta de valorización, se compararán esos registros con los que se vayan realizando cotidianamente. Están obligados a medir caudal, presión, temperatura y humedad de los gases residuales, O2 y partículas totales de CO, COT, HCI, HF, NOx, SO2 y NH3. Además, Las instalaciones de coincineración se explotarán de tal modo que la temperatura de los gases resultantes sea, en todo caso, superior a 850º durante, al menos, dos segundos. Para garantizar este requisito, se medirá en continuo la temperatura tras la inyección de los residuos.
Rechazo a la incineración de residuos
Esta práctica lleva años siendo rechazada por gran parte de la población alcalareña. La Plataforma Contra la Incineración de Residuos inició una batalla que está a punto de perder definitivamente. Desde la Plataforma, consideran que la incineración de residuos es «una amenaza a la salud pública» e insisten en desmentir que se trate de una energía ecológica, ya que «contribuye a acelerar el cambio climático» y la describen como una energía «sucia e ineficiente». Por ello, critican que el Ministerio de Transición considere la incineración como una vía para combatir el cambio climático y dicen haber propuesto alternativas posibles al Ayuntamiento de Alcalá, a la Junta de Andalucía y al propio Ministerio.
Entre los efectos negativos que atribuyen a la incineración de residuos se incluye la emisión de dióxido de carbono y dióxido de nitrógeno. Además, señalan posibles efectos negativos en la vida de las personas, ya que consideran que otras actividades podrían verse afectadas: la contaminación podría hacer la zona menos atractiva para el turismo y los productos ofrecidos por la agricultura ecológica podrían no lograr los requisitos necesarios para ser considerados ecológicos.
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Alcalá modificó el PGOU para evitar que las prácticas contaminantes de las empresas a menos de dos kilómetro del núcleo urbano. La cementera recurrió esta medida y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acabó anulándola, al entender que la modificación perseguía exclusivamente impedir que Portland Valderrivas incorpore nuevos combustibles alternativos al horno de clínker en su planta de producción de cemento de Alcalá. La sentencia, además, recogía que se debió contraponer un estudio científico.
Contra la decisión de Alto Tribunal andaluz, la asociación ecologista Alwadi-ira, integrante de la plataforma, interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que finalmente fue inadmitido. La plataforma no cesó en su empeño y inició una recogida de firma para que el Ayuntamiento iniciase una nueva modificación del PGOU corrigiendo los errores por los que el TSJA la anuló. Sin embargo, ya con Ciudadanos en la coalición de gobierno, el gobierno de Ana Isabel Jiménez declinó esta posibilidad. Actualmente, el PSOE gobierna en coalición con Andalucía Por Sí, partido andalucista que está integrado en la plataforma y que se ha posicionado abiertamente en contra de la incineración de residuos.
En paralelo, la plataforma ha ido recurriendo y alegando, sin éxito, contra todos los pasos administrativos que ha ido dando la cementera para conseguir incinerar. Desde la licencia para adecuar la planta para almacenar los residuos hasta la Autorización Ambiental Integrada que finalmente ha concedido la Junta de Andalucía.