La reciente votación relacionada con la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales para el año 2024 en Alcalá ha generado un intenso debate en el ámbito político. La discusión se centró en la posible imposición de un aumento en la presión fiscal sobre los ciudadanos, lo cual fue rechazado por el PP.

La propuesta contempla aumentos en varios impuestos clave, incluyendo el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y la tasa sobre la recogida de basura. El Partido Popular, opositor de la modificación, argumenta que «el dinero de los ciudadanos debe permanecer en sus bolsillos en lugar de ser destinado a las arcas de los Administradores Municipales».

Desde el PP aseguran que el partido «prioriza la reducción de la carga fiscal de los ciudadanos como un medio para mejorar su calidad de vida y promover la prosperidad económica». Sin embargo, este planteamiento se ha topado con la necesidad de financiar proyectos y servicios públicos esenciales, lo que ha llevado a una discrepancia sobre cómo equilibrar la carga fiscal y las demandas de la comunidad.

Día de la Constitución y mejora de los espacios públicos

Paralelamente a esta controversia fiscal, se ha aprobado la propuesta del PP para dar mayor relevancia y divulgación al próximo día de la Constitución. El objetivo es «aumentar el grado de conocimiento que tienen los ciudadanos sobre esta fecha fundamental en la historia del país».

Otra propuesta aprobada del PP fue la de mejorar plazas y espacios públicos en la ciudad que han sido construidos con elementos inorgánicos, «creando áreas incómodas para el disfrute de los ciudadanos, comúnmente conocidas como “plazas duras”». El objetivo de esta medida es dotar a estas áreas de arboleda, setos y materiales naturales como la madera para transformarlos y hacerlos más acogedores.

Por otro lado, el proceso de selección de los miembros del Consejo de Administración de Aira, una entidad clave en la ciudad, también ha generado controversia. El PP acusa al Gobierno Municipal de basar su criterio en la «afiliación política de los candidatos en lugar de en su solvencia y cualificación profesional», concluyen.

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