Tras la huelga general del 14 de noviembre de 2012, se produjo en Alcalá un encierro en el Ayuntamiento de más de 200 trabajadores municipales por primera vez. Esta protesta se realizó para «defender el empleo público, contra los recortes a los trabajadores y para denunciar los derroches del equipo de gobierno en Alcalá», según recoge la crónica de aquel momento. El encierro duró un día, coincidiendo con un pleno en el que el gobierno aprobó la eliminación del seguro médico privado a unos 76 funcionarios de la plantilla municipal. No obstante, el gobierno dejó sobre la mesa otro tipo de contraprestaciones complementarias, como las intervenciones dentales, renovación del carné de conducir, prótesis o ayudas al estudio, entre otros. La intención de la entonces delegada de Recursos Humanos, Gloria Marín, era «limitar algunas de estas prestaciones según la cuantía del sueldo del trabajador, «ya que algunos de los que estaban encerrados en la Casa Consistorial estaban ganando al año hasta 69.000 euros brutos». Como respuesta, los empleados expusieron sus nóminas a la espera de que los políticos municipales hicieran lo mismo. Además, denunciaron que en muchas ocasiones el gobierno exigía esfuerzos a los trabajadores, pero «no hacía un gesto similar con sus altos sueldos».

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