Todavía no salgo de mi asombro cuando pienso en el resultado del juicio contra García Ortiz, fiscal general del Estado. Casi un mes después de que fuera condenado sigue sin haber sentencia, mientras no se pone término a la sucesión de irregularidades, ocurrencias y despropósitos que se van conociendo. Tal vez, cuando esto se publique se haya desvelado el misterio. Pero es la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, en el Tribunal Supremo lo que me tiene alucinado. Tal descaro y exaltación de la desvergüenza solo puedo explicármelo como parte de un eslabón de favores en un mundo de poderosos intereses empresariales, entre cuyos actores destaca quienes manipulan las leyes a su antojo para preservar el poder.
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