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El gobierno de Ana Isabel Jiménez está pisando la tierra en el proyecto de remodelación de La Mina. De la grandilocuencia con la que se vendía el proyecto se ha pasado al pasito a pasito. De querer tirar dos casas en la Plaza Cervantes para crear un baipás y desviar el tráfico para hacer La Mina peatonal y anunciar la licitación para ejecutar la remodelación de toda la calle antes de las elecciones de 2023, se ha pasado a acordar con Emasesa hacer el primer tramo y de forma conjunta para recuperar el tiempo perdido. Un nuevo giro de guion en el proyecto.

Este, eso sí, por decisión del gobierno y no por imposición de los tribunales como ha ido ocurriendo hasta ahora. Las prisas y la improvisación le han hecho tropezar varias veces en este proyecto vital para revitalizar Alcalá. Ahora será el Ayuntamiento quien licite todas las obras de reurbanización, saneamiento y abastecimiento.

Pero solo las del primer tramo de la calle, el que une El Duque con el Teatro Gutiérrez de Alba. Se entiende que la idea del gobierno es acabar el tramo antes de las elecciones municipales de 2023 para no llegar a la campaña electoral con toda la calle levantada. En todo momento, y así lo demuestra la historia reciente, los gobiernos ejecutan los proyectos buscando el máximo rédito electoral, por encima incluso del interés general.

«El nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible, hecho a la medida de los planteamientos del gobierno, insiste en desviar el tráfico por Conde de Guadalhorce»

De esta manera, el gobierno se asegura inaugurar un tramo de la céntrica calle a las puertas de las elecciones, pero no se conseguirá el objetivo final hasta no se sabe cuándo, porque el fin último es revitalizar la calle y que se convierta en un eje fundamental de la vida de la ciudad. Para que el gobierno cumpla con su idea inicial todo debería estar terminado en 2023.

El portavoz del gobierno, Jesús Mora, a pregunta de La Voz de Alcalá, llegó a decir «esto es un proyecto de mandato». Las próximas elecciones son en mayorde 2023 y se antoja complicado que acaben las dos fases en los veinte meses que quedan. Aunque el gobierno no lo reconozca públicamente ha renunciado a terminar La Mina en este mandato y tendrá que pedir una prórroga del Edusi, programa europeo que cofinancia la intervención, o gastar el dinero en otros proyectos, puesto que deben estar concluidos en 2023, fecha de finalización del plazo.

A todo esto se suma que el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible, hecho a la medida de los planteamientos del gobierno, insiste en peatonalizar todo el centro, dando prioridad a La Mina. De hecho, mantiene el desvío de tráfico por la calle Conde de Guadalhorce, para lo que es necesario derribar dos casas de la calle Cervantes y crear un baipás, actualmente paralizado por el TSJA. Además, este documento –más político que técnico– deja claro que la enorme inversión para crear la nueva calle es una solución provisional porque la idea es peatonalizar todo el centro, incluso las calles adyacentes.

Por otra parte, propone rondas de circunvalación dentro del núcleo urbano para sacar los coches del centro. Carece de sentido crear una nueva y costosa calle para el tráfico rodado cuando lo que se persigue es peatonalizar. La falta de criterio y de ideas está haciendo que los planteamientos sean fallidos casi desde el inicio. Quizás es momento de repensar el modelo de ciudad y que pese más el interés general que el electoralista.

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