Las protestas de las empleadas de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) han puesto de manifiesto una situación, cuanto menos, paradójica en el Ayuntamiento alcalareño.

Justo el servicio municipal que se encarga de ofrecer información sobre los recursos de la ciudad, de gestionar los empadronamientos o de registrar cualquier tipo de solicitud —es decir, uno de los departamentos centrales del Consistorio— es uno de los más desatendidos por el equipo de gobierno local, tal y como se ha podido comprobar en las últimas semanas con las quejas por escrito de sus trabajadoras y la denuncia interpuesta por el Sindicato de Empleados Municipales.
La OAC supone, para muchos alcalareños y nuevos residentes en la localidad, la primera toma de contacto con la administración local; y no alienta demasiado comprobar la situación que soportan sus seis empleadas, que exigen un incremento de la plantilla, nuevos recursos materiales o una mejor coordinación del servicio con otros puestos de atención al público o con los distritos. Distritos que, por otra parte, también suelen recibir quejas de los usuarios por largas esperas y falta de recursos.
La desatención de la Oficina de Atención afecta al personal que lo integra, según se ha podido calibrar a través de un informe del Fremap. Ese estudio, que se remonta a 2014 —no es reciente el problema—, consideraba que las empleadas de la OAC hacen frente a «un elevado nivel de estrés y sobrecarga en el trabajo», acentuado por situaciones de tensión con los usuarios.
Pero las carencias de la OAC afectan también, como es lógico, a los propios ciudadanos, que ven retrasadas en demasía una gestiones que se podrían solventar en apenas unos minutos.
Hasta la fecha, la respuesta del equipo de gobierno es un recurrente «estamos trabajando en ello». Sin duda, es para hacérselo mirar. Y con urgencia. Al igual que es para mirar que sean mujeres las que sufren en primera persona el colapso de la OAC.

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