editorial

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha suspendido cautelarmente la construcción del baipás en el Centro para conectar la Plaza Cervantes con Conde de Guadalhorce. Esta obra estaba prevista para aliviar el tráfico durante la remodelación de la calle La Mina. La adopción de medidas cautelares supone ahora un verdadero quebradero de cabeza para el gobierno, puesto que ha dejado muy tocado el proyecto estrella del mandato y compromete su gestión y sus logros de cara a las elecciones municipales de 2023.

Por el momento, el gobierno de PSOE y Ciudadanos se ha limitado a comunicar que recurrirá la medida para poder continuar con la obra que permitirá canalizar el tráfico que hasta ahora asume La Mina. De las declaraciones del gobierno se desprende que no existe alternativa. O, mejor dicho, que las alternativas que existen no son de su agrado. De lo contrario tendría que asumir que se eligió la opción más traumática –y errónea– para la economía, el patrimonio y la identidad alcalareña. Y esto sería mucho asumir, dada la nula capacidad para reconocer errores demostrado por este gobierno municipal.

A pesar de que el TSJA ha suspendido cautelarmente la apertura del nuevo viario, el gobierno culpa al PP de paralizar «las mejoras para la ciudad». Evidencia que, ni cuando la justicia interviene, el gobierno de Alcalá se para a reflexionar sobre lo que está haciendo bien o no. Es evidente que el PP quiere sacar rédito político, pero eso no quita que el procedimiento elegido por el gobierno para abrir una nueva calle del Centro sea el correcto. Tal es así, que el Alto Tribunal andaluz teme que se produzcan alteraciones del territorio irreparables como la demolición de viviendas. Estas actuaciones son de tal calado que habría que hacerlas conforme al PGOU y no con un Estudio de Detalle como pretende el gobierno. En este extremo, el ejecutivo de Ana Isabel Jiménez da a entender que la oposición debería callar ante lo que parece una irregularidad manifiesta.

«De las declaraciones del gobierno se desprende que no existe alternativa. O, mejor dicho, que las alternativas que existen no son de su agrado»

Que el bien para Alcalá, entendido a su modo, debería estar incluso por encima de la ley. Cabe preguntarse, si el daño para la ciudad que se podría causar con esta medida cautelar no es culpa de una deficiente gestión y de las prisas por inaugurar una importante obra antes de las elecciones. Sí asume, sin embargo, que las medidas cautelares dilatarán el plazo de ejecución de la obra, si es que finalmente consigue hacerla. Esto hace peligrar el compromiso con Europa para la financiación de los proyectos EDUSI que deben concluir antes de diciembre de 2023. AxSí solicitó una ampliación de los plazos y el gobierno se negó aun cuando la licitación de las obras de La Mina también está suspendida cautelarmente. Y, efectivamente, con dos suspensiones cautelares a sus espaldas, la culpa sigue siendo de los demás.

El gobierno, sin plan B, sigue improvisando. Ahora desiste de adjudicar la redacción de remodelación de La Mina y lo hará con personal técnico municipal. Todo ello, a pesar de que aseguraba no contar con recursos humanos suficientes y por eso externalizaba el servicio. Si peligran los fondos europeos no será por las personas, partidos, empresas y colectivos que trabajan porque se garanticen los derechos de los ciudadanos, sino por la improvisación y la mala gestión del gobierno municipal.