En los últimos días se ha podido ver a un hombre y una mujer de 82 años en la puerta de Ayuntamiento reclamando una vivienda social ante el desahucio que sufrirán en los próximos meses. Otra familia vive en la escalera de uno de los Pisos Rosas y ha repartido a los hijos, menores de edad, en casas de familiares. También pide una vivienda social en la que vivir y reagrupar a toda la familia. En ambos casos tienen ingresos por prestaciones sociales, y aun así les es imposible acceder a una vivienda de alquiler digna. Estos son solo dos ejemplos de tantos como hay en Alcalá. Ambos se han hecho visibles en las últimas semanas fruto de la desesperación ante la falta de atención de la administración competente, el Ayuntamiento de Alcalá, a través de las Delegaciones de Vivienda y Servicios Sociales. En los dos casos, las familias han solicitado reuniones con la alcaldesa sin que hayan sido atendidas. Igualmente rechazan ocupar viviendas vacías de forma ilegal y piden amparo al gobierno para vivir con dignidad.
En paralelo, existe un grave problema de ocupaciones en el Centro de la ciudad al que el gobierno tampoco pone coto. Si bien es cierto que las familias que están realizando estas prácticas no responden a las mismas características que las que solicitan las viviendas sociales, no es menos cierto que la falta de un parque de viviendas en régimen de alquiler social fomenta la ocupación ilegal. La falta de compromiso y de diligencia del gobierno en esta materia social, evidencia que su prioridad no es sacar a las familias alcalareñas de la exclusión. El gobierno de Ana Isabel Jiménez está más preocupado por la estética, con políticas superficiales y de corto alcance, que de solucionar los problemas estructurales de la ciudad. Y la falta de vivienda social es un grave problema que se debe resolver de forma urgente y más cuando la sociedad se adentra en una crisis sin precedentes que tendrá consecuencias sociales muy negativas a corto plazo.
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