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Ana Isabel Jiménez, alcaldesa de Alcalá de Guadaíra/ Francisco Amador
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El Ayuntamiento continuará personado en la instrucción del caso ACM

Militantes socialistas pidieron a la alcaldesa en una asamblea celebraba el pasado mes de junio que retirara la acusación popular contra los investigados en el caso ACM.

El gobierno ha asegurado que el Ayuntamiento continuará personado como acusación popular en la instrucción del caso ACM y «no modificará ni un ápice la personación mientras haya indicios de menoscabo de fondos públicos». La reacción se produce tras conocerse que militantes socialistas de la agrupación alcalareña afines al exalcalde, Antonio Gutiérrez Limones, solicitasen a la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, que retirara la acusación popular de la instrucción del caso ACM que desarrolla el el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcalá.

La petición se produjo en el transcurso de una asamblea del PSOE alcalareño celebrada el pasado mes de junio. En un escrito interno, militantes críticos con Jiménez argumentan que en este punto, tras la retirada de la representante del PP como acusación particular, y del Grupo Andalucistas y CCOO como acción popular, el Ayuntamiento se ha quedado como única acusación y que ésta ya la ejerce el Ministerio Fiscal. Fuentes del PSOE local consultadas por La Voz de Alcalá, han indicado que la Ejecutiva ya ha respondido desfavorablemente a la petición, aunque no han trascendido los términos de la misma.

Sufrimiento y escarnio

En el documento interno, los militantes afines a Limones aseguran que la alcaldesa «es la única que acusa a sus compañeros de partido» y pide que «se deje sin efecto la personación» para «evitar más sufrimiento, escarnio y perjuicios a las personas que están viviendo, junto a sus familias este calvario de acusaciones injustas» tras cinco años de instrucción del caso.

Además, estos militantes socialistas recuerdan que el magistrado del Tribunal Supremo, Juan Ramón Berdugo, archivó la causa contra el exalcalde Gutiérrez Limones, acusado de un presunto delito de malversación, que ya había prescrito. Sin embargo, el magistrado expuso sus dudas sobre el pago del viaje familiar a Madrid.

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