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La alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez, se ha reunido con responsables del Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Local, así como con los servicios municipales de Vivienda, Servicios Sociales, Urbanismo y Gerencia de Servicios Urbanos para coordinar una serie de acciones ante las recientes ocupaciones ilegales que se han producido en la zona Centro.

Entre las medidas iniciales, se ha acordado realizar inspecciones para la identificación de cada persona que esté relacionada con una ocupación ilegal, además de estar atentos a las denuncias de los vecinos. Asimismo, se iniciará el procedimiento para actuar mediante un desalojo en la vivienda municipal de la calle Orellana número 18, iniciándose el correspondiente expediente para su posterior derribo. Dicha propuesta irá al pleno del próximo 19 de julio.

Paralelamente, desde los Servicios Sociales se van a estudiar personalmente las situaciones de procedencia y socioeconómicas de cada familia implicada, coordinándose desde Vivienda todas las acciones relacionadas con estas políticas.

Desde Urbanismo y Servicios Urbanos se coordinarán en los procedimientos administrativos de los expedientes llevándose a cabo además la inspección y adecentamiento de los solares de la zona.

El Ayuntamiento ha apuntado que “se entienden las dificultades económicas que puedan atravesar familias y, en el caso de las alcalareñas, se trabaja con los medios posibles para atenderlas. No obstante, el Consistorio tiene la responsabilidad de atacar y hacer cumplir la Ley en su territorio, evitando además situaciones que generen problemas de convivencia o salud, por lo que la voluntad de atajar el efecto llamada ante ocupaciones ilegales es firme y contundente”.

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