Ni las ordenanzas municipales ni las sanciones estipuladas en las mismas han sido capaces de frenar la proliferación de vertederos ilegales en Alcalá durante las últimas décadas. Cualquier caminante con intención de ver más allá de la estampa de postal podrá encontrar escombreras en numerosos puntos del extrarradio de la localidad. O bien, ni siquiera necesite irse a las afueras, pues también dentro del núcleo urbano resulta fácil toparse con basura acumulada al pie de una calle transitada, como ocurre en la Avenida Mar Mediterráneo o en las faldas del Castillo.
Esta práctica es una constante en Alcalá. Los terrenos de La Isla, Tableros del Sur, Las Canteras o Cañada Honda representan ejemplos significativos. Desde hace más de diez años, los grupos ecologistas vienen denunciando el uso de estas zonas como vertederos ilegales, con la consiguiente alerta para la salud, la contaminación de los suelos y las aguas, la destrucción de vegetación o el riesgo de incendios.
Tipología
En un informe, Alwadi-ira ha contabilizado 25 vertederos incontrolados, aunque aseguran que su número es mayor. Incluso, aportan una clasificación de estos basureros, que pueden proceder de actividades agrícolas –como el de la vía pecuaria cordel de Gallegos–, de urbanizaciones legales o ilegales –caso de Las Encinas o La Boticaria–, de polígonos industriales –se observa en las traseras de Cementos Portland–, de zonas protegidas o de interés histórico –el citado del Castillo– o de pequeñas obras.
Estos últimos suponen los casos más numerosos, a pesar de que existe una ordenanza que regula los Residuos de la Construcción y la Demolición. Para estos se fijan fianzas de 12 euros por metro cúbico de residuos previstos en un proyecto de obra. La cantidad mínima establecida es de 300 euros, y debe abonarse antes de obtener la licencia.
Sin embargo, ni esta normativa, ni la de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos Urbanos se cumplen estrictamente, al no existir controles. Por ello, Alwadi-ira reclama la «coordinación de las administraciones públicas, campañas de sensibilización, impulsar convenios con las empresas para la gestión de residuos o aumentar las sanciones». Unas sanciones de las que no hay constancia, por más que desde este periódico se haya solicitado información al Ayuntamiento.
