Las defensas de los investigados en el caso ACM han solicitado al magistrado Javier Francisco Alba Figuero, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcalá, que aumente las fianzas de las acusaciones populares ejercidas por la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento alcalareño y el Grupo Municipal Andalucista hasta los 10 000 euros.
En una providencia dictada el pasado 25 de abril, el titular del Juzgado firmó un auto en el que condicionaba la permanencia en el procedimiento de CCOO y el Grupo Andalucista como acusación popular al pago de una fianza de 2000 euros en un plazo de diez días. No obstante, el 14 de mayo, la defensa de CCOO presentó un recurso de reforma y subsidiaria en apelación, a fin de que se mantenga la personación de las acusaciones populares «sin necesidad de prestación de fianza» y que continúe «la tramitación de las diligencias previas». Asimismo, ha manifestado que «de no estimarse el recurso presentado tendrían muy difícil continuar con la acción popular».
Por su parte, los andalucistas confirmaron a La Voz de Alcalá que «no tenían intención de recurrir para no dilatar más el proceso». Sin embargo, tras los recursos interpuestos por CCOO y las defensas, presentaron un escrito al magistrado solicitando que «en tanto resolviera los recursos, suspendiera el plazo para depositar la fianza». Esta petición fue desatendida y los andalucistas no depositaron la fianza, quedando apartados del procedimiento. A la circunstancia económica se suma una de mayor calado, señalan los andalucistas, y es que el grupo municipal —que es el titular de la personación judicial como acusación popular— quedaría disuelto en mayo de 2019, una vez que se celebren las elecciones municipales, dado que el Partido Andalucista no concurrirá a las mismas y quedaría igualmente apartado del proceso.
Por otra parte, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcalá, Carmen Rodríguez Hornillo, fue apartada del procedimiento como acusación particular en el auto dictado el 30 de abril. En este sentido, la presidenta del PP de Alcalá, Sandra González, ha confirmado a este periódico que «acatan lo que ha dictado el magistrado» y no van a recurrir, argumentando que «el proceso está muy avanzado y no vamos a cambiar nada».
Asimismo, González ha señalado que «solo tenían tres días para recurrir y no sabíamos el contenido de la segunda grabación que estaba transcribiendo la Guardia Civil» en el marco de la investigación. De este modo, los populares no han solicitado al Juzgado personarse como acusación popular –ejercida hasta entonces por CCOO y el Grupo Andalucista–, quedando así apartados definitivamente del procedimiento judicial.
A la espera de que el magistrado resuelva los recursos presentados, se mantendrían, como acusación en el caso la Fiscalía y el Ayuntamiento de Alcalá, porque de no admitirse el recurso del sindicato decaería su personación ya que, advierten, «sería casi imposible asumir el pago de la fianza». La presión económica que supondría tener que depositar una fianza de 10 000 euros –la exigida por las defensas– impediría al sindicato continuar ejerciéndola ante el notable aumento de recursos necesarios.
Dilatación del proceso
Con los recursos presentados al auto dictado por el magistrado, los plazos se vuelven a dilatar. Ahora, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcalá tendrá que resolverlos y en ningún caso podrá admitir al mismo tiempo los de las defensas y el de CCOO, porque solicitan medidas totalmente opuestas e incompatibles entre sí.
Esto abre también la puerta a que alguna de las partes recurrentes acaben apelando a la Audiencia Provincial de Sevilla, que tendrá que acabar resolviendo los recursos presentados, alargándose una vez más un proceso que sigue prolongándose en el tiempo. De hecho la causa va camino de cumplir cinco años desde que comenzó en el verano de 2013. Todavía continúa en la fase de investigación e instrucción.