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Trabajadoras de dos residencias de Alcalá de Guadaíra han confirmado ante el juez que existió trato «degradante» a los residentes durante los meses más complicados de la pandemia por covid-19, según ha adelantado hoy ABC de Sevilla. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Carmona está investigando presuntos malos tratos denunciados por la Fiscalía en tres residencias de Sevilla, dos de ella ubicadas en Alcalá de Guadaíra: San Lorenzo y Santa Ángela.

El fiscal delegado de Personas Mayores y Personas con Discapacidad, Norberto Sotomayor, denunció esta situación y las empleadas ha asegurado ante el juez que se existía «falta de higiene, escasez de comida, colchones deficientes, sin agua caliente…», según la citada información. Se están investigando a varias personas, entre ellas las titulares de las residencias y una empleada por delitos de trato degradante, abandono, desobediencia, contra la salud pública y falsedades y utilización de certificados o documentos falsos.

Cabe recordar que la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, confirmó que la Junta de Andalucía cerró la residencia San Lorenzo, ubicada en la barriada de San Rafael. En el marco de estas inspecciones, en noviembre de 2020, se detectaron situaciones «denigrantes» hacia las personas mayores usuarias del centro. La consejera evitó describir las condiciones en las que vivían porque «son dolorosas». La Junta solicitó el cierre cautelar del centro. En la investigación también está afectada la residencia Santa Ángela, según ACB de Sevilla.

La juez instructora de la investigación ha solicitado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Sevilla una prueba pericial sobre las prescripciones y medicamentos de la residencia Santa Ángela. La Fiscalía sostiene que «se suministraron medicamentos indebidos» y «existe una manipulación de certificados y hojas de prescripción de médicos».

Las acusadas han intentado dividir la causa en dos y que sea un juzgado de Alcalá en el que investigue los hechos. Sin embargo, la jueza instructora ha rechazado este extremo y la investigación continúa en Carmona, localidad donde está radicada la tercer residencia en cuestión. La instructora del caso considera que existe conexión entra las tres residencias porque hubo trasvase de trabajadores. Así, considera que está acreditado «un concierto de voluntades «un concierto de voluntades, concurrencia de delitos, falsedad, que trata de encubrir o facilitar otro, desobediencia, delitos análogos cometidos en las tres residencias, vejación».

Francisco Amador

Francisco Amador

Licenciado en Periodismo. Actualmente La Voz de Alcalá, Sevilla Actualidad y En Andaluz. Antes en Localia TV y El Correo de Andalucía.

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