Desde que el 19 de abril se diera a conocer el auto del magistrado Juan Ramón Berdugo, la «guerra» interna del PSOE de Alcalá no ha hecho más que intensificarse, sumando nuevos capítulos de acusaciones y amenazas que han ampliado la brecha dentro de la agrupación local. Ya el mismo día que se difundía la noticia, la satisfacción de los militantes socialistas afines a Limones era visible en la cafetería Mi Abuela Lola, a las puertas del Ayuntamiento, donde se celebraba un pleno.

Consultado por este periódico el 19 de abril, Rafael Chacón, quien fuera teniente alcalde durante el mandato de Limones y rival de Ana Isabel Jiménez por la Secretaría General del partido, se mostraba cauto con las posibles consecuencias que tendría este hecho en el PSOE. «No vamos a esconder –decía Chacón– que esto ha tenido connotaciones internas en la agrupación. Si esto puede ayudar a que el partido tenga un devenir menos traumático y tortuoso, bienvenido sea».

Este tono conciliador parecía extenderse a la dirección local, que, en un comunicado, también publicado el 19 de abril, celebraba el cierre del «periplo judicial» de Limones, y exigía que se restituyera la «honorabilidad y reputación» de su «compañero».

«Responsabilidades»

Sin embargo, estas palabras no hacían más que enmascarar la tormenta que se avecinaba. La carta de María José Correa, exmujer de Limones, señalando en redes sociales a «una compañera de partido» que «grabó una conversación falsa acusándolo de malversación», desató las acusaciones directas.

Por escrito, los «limonistas» pidieron a la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, que asumiera «responsabilidades políticas, pues fue ella, y otros tres militantes del PSOE, quienes provocaron» la causa contra Limones, que aún continúa en el Juzgado con otros diez miembros del PSOE local.

Los «militantes críticos» apuntaban también al vicesecretario general del Comité Local y gerente de Servicios Urbanos, José Manuel Rodríguez, de hacer llegar esa «grabación oculta» a la oposición en el Ayuntamiento, y de ahí la entrega a la Fiscalía, que inició la investigación.

Para el grupo «crítico» del PSOE, los que ahora comandan el equipo de gobierno habrían conseguido «de forma legal, pero ilegítima» sus puestos, al recurrir a «métodos indignos».

«Injurias y calumnias»
A renglón seguido, Ana Isabel Jiménez y José Manuel Rodríguez respondían anunciando «querellas por injurias y calumnias contras las personas» que habían vertido «acusaciones falsas». La secretaria y el vicesecretario general, además, advertían que las denuncias se podrían dirigir contra «todas las personas que mienten acerca de los hechos que constan en el sumario de este caso»; y, como justificación, se respaldaban en que ni en las declaraciones ante la Guardia Civil ni ante el juez de instrucción se constataron «fehacientemente» sus nombres como responsables de la grabación filtrada.

«Desde la ejecutiva de la agrupación municipal del PSOE de Alcalá de Guadaíra –concluían Jiménez y Rodríguez–, se considera que los autodenominados militantes críticos solo buscan debilitar al partido».

Redes sociales

Más allá de escritos «oficiales», las redes sociales se han convertido en los últimos días en un recipiente donde lanzar algo más que acusaciones políticas. Por ejemplo, grupos de Facebook creados ex profeso para el «debate» interno en el PSOE han devenido en una sucesión de insultos de carácter personal.

Hasta el cierre de este periódico, las «amenazas» de querella de la alcaldesa tuvieron una nueva reacción de los «militantes críticos» que comentaban que «ni nos callan ni nos callarán», y preguntaban cómo iban a «financiar el asesoramiento judicial».

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