Andalucía Por Sí recuerda que el Ayuntamiento tiene hechos desde 2009 los expedientes técnicos que sustentarían la protección patrimonial del Castillo y de Gandul, pero que ni Limones ni Jiménez han querido impulsar.
El PSOE de Alcalá de Guadaíra lleva más de una década paralizando y retrasando la tramitación administrativa de los documentos técnicos para la protección del Castillo de Alcalá y de la zona de Gandul. Señalan desde Andalucía Por Sí (AxSí) que fue en 2009 cuando el Consistorio redactó sendos expedientes técnicos para solicitar la protección integral tanto del Castillo como de Gandul.
El Castillo de Alcalá de Guadaíra, baluarte de la historia de la ciudad y referente visual, sentimental e identitario para los alcalareños, carece desde hace casi 40 años del Expediente de su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) que tuvo lugar de forma genérica en 1985.
Hay que recordar que tras el nacimiento del gobierno andaluz, la Junta realizó su catalogación como BIC del Castillo de forma automática por el hecho de ser Monumento Nacional desde 1924. El problema es que casi cuatro décadas después de dicha declaración, el Castillo de Alcalá de Guadaíra carece del citado expediente, y este es un elemento fundamental para permitir un grado de protección de la fortaleza que posibilite actuar a las administraciones públicas en detalle para su necesaria puesta en valor.
El expediente de Bien de Interés Cultural permitiría a su vez la elaboración de un Plan Especial para el Castillo de Alcalá que facilitaría cuantas medidas vengan a poner en valor el recinto: Una delimitación detallada, la creación de un entorno verdaderamente protegido y la conservación de las cuencas visuales. “Todo esto supondría un verdadero marco de protección para el monumento del que carece en la actualidad. Y los responsables de los distintos gobiernos socialistas han sido y son perfectamente conscientes y conocedores de ello”, señala la portavoz de AxSí en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Lola Aquino.
De hecho, ese vacío legal viene permitiendo al gobierno alcalareño realizar intervenciones en el Castillo y su entorno con procedimientos menos exhaustivos que los que serían necesarios de estar culminados los expedientes, lo que podría explicar la falta de voluntad del gobierno en terminar su tramitación.
Gandul sigue en un limbo
Tanto el expediente del Castillo como el de Gandul son trabajos de vital importancia para la protección y puesta en valor de sendos elementos patrimoniales alcalareños.
El documento para que este espacio sea declarado Zona Patrimonial está culminado desde el año 2009 también y permanece igualmente a la espera, desde entonces, sigue a la espera de que este Ayuntamiento le dé curso legal y se pueda avanzar en la protección de una zona especialmente vulnerable y de un gran alto valor histórico y arqueológico que trasciende a la propia ciudad de Alcalá.
Sin embargo, tanto aquí como en el Castillo, la responsabilidad es compartida con la Junta de Andalucía, cuya Consejería de Cultura no se ha tomado las molestias necesarias hasta la fecha para impulsar la culminación de ambos expedientes, y mucho menos ha tomado las riendas de la protección que requiere este espacio para su declaración como Zona Patrimonial.
De hecho, esta declaración de Zona Patrimonial es lo que permitiría su gestión a través de la figura del Parque Cultural, “algo que los andalucistas llevamos décadas solicitando, y que han aprobado todos los plenos de la comarca, incluido el nuestro”.
“Sin embargo, aún más grave que la falta de normativa específica, es que la elaboración del detallado expediente se encuentra realizada por técnicos municipales desde el año 2009, pero desde entonces y por la insultante dejación de funciones de Limones, primero, y de Ana Isabel Jiménez hasta hoy, siguen esperando en un cajón a la espera de que se le dé el curso legal necesario”.
Por todo ello, el Grupo Municipal Andalucía Por Sí en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra lleva este mes a pleno una moción instando al gobierno a impulsar, de manera definitiva, ambos expedientes que permitan lograr la protección adecuada para ambos bienes patrimoniales de la ciudad.