Técnicos municipales han negociado con el BBVA una quita de los intereses de la deuda de 300.000 euros.
El Ayuntamiento de Alcalá ha acordado con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA, el pago de una deuda de 1,5 millones de euros procedente de un préstamo hipotecario de la extinta sociedad municipal Innovar en Alcalá, de la que el Consistorio alcalareño asumió los activos y los pasivos tras su disolución definitiva.
El préstamo, concedido en 2008 a Innovar, fue de 3.608.674 euros y se destinó a la construcción de 12 naves en el polígono Cristalería, junto al Macro, que tras la desaparición de la sociedad municipal pasaron a ser de titularidad municipal, del mismo modo que la deuda que quedaba pendiente con la entidad bancaria.
En un primer momento, Innovar en Alcalá fue pagando el préstamo hipotecario hasta que dejó de hacerlo. Entonces, el BBVA inició una reclamación judicial por el impago, que se tramitó en el Juzgado Número 3 de Alcalá de Guadaíra, según recoge el acta de la Junta de Gobierno local del pasado 23 de marzo, «habiendo despachado ejecución por importe de 1.327.233,69 euros de capital, más 398.169,73 euros de intereses y costas». En total, el importe adeudado a 20 de marzo de 2018 era de 1.827.756,98 euros.
Los técnicos municipales y el BBVA han negociado un acuerdo extrajudicial, para finalizar la ejecución hipotecaria y resolver las operaciones que mantenían abierta, concretamente el préstamo hipotecario y la cuenta corriente de la sociedad Innovar en Alcalá. Finalmente, tras una quita acordada de 300.00 euros de los intereses del préstamo, el Ayuntamiento tendrá que abonar al BBVA un montante de 1.527.756,98 euros y 257,80 euros como deudas derivadas del préstamo y del contrato de cuenta corriente, respectivamente.
Un informe de los letrados del Ayuntamiento, fechado el 7 de marzo de 2018, aconsejaba «un acuerdo extrajudicial que implicara una quita en la parte de los intereses y en la totalidad de las costas» ya que «sería beneficioso para los intereses municipales, ante las escasas posibilidades de éxito de la oposición a la ejecución y la certeza de que la obligación, en todo caso persistiría». Además, el informe reconoce abiertamente «la escasa viabilidad jurídica, ya que el plazo para ejercer la nulidad o rescisión del contrato es de cuatro años y habían transcurrido ya más de siete en el momento en el que se plantea esta posibilidad.
El PP critica la gestión
El grupo municipal del PP ha denunciado que «la nefasta gestión económica del gobierno socialista ha generado que se haya tenido que destinar más de 400.000 euros en intereses a los bancos en lugar de emplear este dinero en políticas sociales”. Según el grupo popular, «el capital pendiente de amortizar es de 1.092.701 euros, pero esta cantidad se incrementa de forma alarmante por los intereses generados por el impago. En total 435.313 euros más, que corresponden a intereses de demora, intereses ordinarios e importe por descubierto».
Por su parte, el gobierno considerada que «el acuerdo alcanzado es satisfactorio para los intereses del municipio, ya que se ha logrado una quita importante de la cantidad a satisfacer, y, al tiempo, se consolida un patrimonio público con el que impulsar políticas de desarrollo económico en los próximos meses».
El acuerdo, defiende el gobierno, «supone un ahorro» después de que el banco aceptase tal cantidad como quita del importe, e implica «el desistimiento del proceso de litigio que sin este acuerdo se hubiera iniciado».
El gobierno asegura que «los más de 450.000 euros» de intereses pagados en la operación suponen «una inversión para el patrimonio del ayuntamiento», pues al ser naves industriales «las mejoras actuales en las condiciones de venta en el mercado inmobiliario permiten que puedan ser atractivas a futuros empresarios que ya se han interesado por las mismas».