El PP critica que Jiménez gaste dinero público en «intentar imponer caprichos personales». Así se ha manifestado tras conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha vuelto a dar un nuevo varapalo judicial al gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. El alto tribunal andaluz ha rechazado el recurso administrativo presentado por el Consistorio contra la suspensión cautelar del proyecto de baipás en la Plaza de Cervantes. El gobierno recurrió la decisión del TSJA con la intención de seguir adelante con la apertura de una nueva calle entre la Plaza Cervantes y Conde de Guadalhorce.
El PP alertó de un incumplimiento del actual PGOU y solicitó las medidas cautelares, siendo admitidas y ratificadas por el TSJA. A pesar de ello, el gobierno recurrió, convencido de que el proyecto saldrá adelante.
Los populares lamentan que «Jiménez continúe gastando recursos y dinero público en asuntos judiciales, por intentar imponer los caprichos personales de un gobierno y de un delegado de Urbanismo instalado en la soberbia». En este sentido, abundan en su crítica, el ejecutivo es «incapaz de llegar a ningún tipo de consenso con nadie y ni tan siquiera escucha las propuesta o advertencias que de la oposición para evitar situaciones tan desagradables como esta».
Según la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Sandra González, «Jiménez se ha encontrado de nuevo con una realidad: no se pueden saltar ni los tiempos ni las leyes» por lo que «tendrán que acatar, como todo ciudadano, los dictámenes que establecen los tribunales, por mucho que no le guste lo que le digan».
Paralización de baipás en la Plaza Cervantes
Ya a principios del pasado mes de febrero, el TSJA emitió un auto por el que atendía el recurso presentado por el Grupo municipal del Partido Popular y acordaba «la medida cautelar de suspensión solicitada» por nuestra formación contra el acuerdo adoptado por el Pleno municipal el pasado 17 de septiembre de 2020, por el que se aprobó definitivamente, con los únicos votos a favor del equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos, el Estudio de Detalle para la apertura del citado baipás en el centro, que implicaría tener que demoler dos viviendas, una de ellas un edificio histórico con más de 100 años que debería de haber estado protegido en el PGOU.
Cabe recordar que el TSJA ya indicaba en el primer auto que de no suspenderse la intención de demoler estas dos viviendas «cuando se dictase una sentencia estimatoria, se habría llevado a cabo la ejecución de un planeamiento urbanístico radicalmente nulo, lo que contradice el más elemental principio de que cualquier actuación urbanística debe ajustarse a la legalidad», que es la misma postura que vuelve a defender el citado tribunal. Como ya hemos indicado en numerosas ocasiones, desde el PP «no vamos a permitir que el Gobierno de PSOE y Ciudadanos continúe saltándose la legalidad, por lo que vamos a fiscalizar cualquier paso que den para que las actuaciones municipales sean claras y transparentes”, ha sentenciado.