El Centro Provincial de Drogodependencias remitió el 20 de enero pasado un correo electrónico a todos los Centros de Tratamiento de Drogodependencia de la provincia, incluido el de Alcalá. En él se indicaba que en fechas recientes iba a comenzar la vacunación del personal incluido en el denominado «tercer nivel» en el que se encuentran los trabajadores de los Centros de Tratamiento de Adicciones.

Para ello, la Delegación Territorial de Salud solicitó el listado de todo el personal vinculado con el tratamiento de adicciones incluido el personal de servicio, en el que figuran las personas a cargo de la administración, limpieza, mantenimiento o la seguridad de las instalaciones.  

El Ayuntamiento asegura que «se limitó a cumplir con este requerimiento de las autoridades sanitarias y el responsable técnico del servicio de Tratamiento de Drogodependencias remitió el listado requerido de personas, ocho en este caso, que son las que han recibido la vacunación».  

Por ello, el Gobierno quiere aclarar que los criterios de vacunación en ningún caso corresponden al Ayuntamiento. Es el Servicio Andaluz de Salud y CPD (Centro Provincial de Drogodependencia) de la administración autonómica quien remite solicitud al Ayuntamiento para realizar la vacunación de estas personas y los criterios que corresponden para recibir la inmunización.

El Gobierno del Ayuntamiento explica que el personal municipal de la Delegación de Servicios Sociales vacunado contra la COVID-19 ha sido incluido en este proceso por la Junta de Andalucía. Es la administración autonómica, según el ejecutivo, el que desarrolla las competencias en esta materia y determina en esta fase de la campaña el orden de los grupos que reciben la vacuna y las condiciones para pertenecer a los grupos que son objeto de vacunación.  

Responde así al Sindicato de Empleados Municipales que solicitó la Delegación de Recursos Humanos la relación de trabajadores vacunados al considerar que se ha hecho de forma «discriminatoria» y «sin negociación».

Este sindicato tuvo conocimiento de la vacunación en el edificio de Servicios Sociales de un determinado número de empleados municipales. Por este motivo, el 8 de marzo solicitó el informe técnico donde se recogen los criterios que se ha seguido para la vacunación. También pidió la resolución del cargo político al considerar que «la vacunación se ha realizado sin negociación previa y de manera absolutamente discriminatoria».

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