El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha criticado la «falta de seriedad» de la parlamentaria y secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, a la que ha denominado «la mandamás». Sánchez ha respondido así a las acusaciones de injerencia en las competencias municipales de Alcalá, después de que la Junta remitiera un escrito solicitando la derogación de la normativa que limita la implantación de casas de apuestas en el casco urbano.
A raíz de la polémica, Pérez consideraba «incomprensible» el requerimiento de la Junta y criticaba que el gobierno andaluz está «obstaculizando» a ayuntamientos como el de Alcalá, que ha optado por limitar la ubicación de las casas de apuestas.
Pérez ha hecho hincapié en que los socialistas «creemos en el municipalismo y en la autonomía local» y ha considerado una «clara injerencia» de la Junta el requerimiento. «Desgraciadamente no nos sorprende porque el Gobierno andaluz desprecia a los alcaldes y alcaldesas que, además, están realizando un trabajo inmenso en unas condiciones muy adversas».
Ante eso, Ricardo Sánchez, ha expuesto en sus redes sociales que «en Alcalá hemos concluido el desdoble de la A-392, desbloqueado el tranvía, proyectado una nueva sede judicial y se construye un instituto», en respuesta a la acusación de desprecio al municipalismo. «Más seriedad», ha sentenciado.
El origen de la polémica
Hay que recordar que la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, dependiente de la Consejería de Hacienda, ha solicitado que derogue las limitaciones aprobadas contras las casas de apuestas y salones de juegos.
En un escrito remitido al Ayuntamiento de Alcalá el pasado 26 de enero de este año, esta dirección general pedía al gobierno de Ana Isabel Jiménez la derogación de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística aprobado definitivamente en el Pleno. El gobierno, tras la aprobación en el Pleno con el voto de todos los grupos, aseguró que la medida entraría en vigor con la aprobación definitiva tras la validación de la Junta de Andalucía.
Sin embargo, la administración autonómica ha pedido su derogación argumentando que el Ayuntamiento, con esta regulación, invade sus competencias en materia de juego y apuestas. Entiende así la Junta que un Ayuntamiento no puede regular la localización de este tipo de establecimientos dentro del casco urbano.
Hay que recordar que la normativa municipal aprobada en el Pleno prohíbe la instalación de casas de apuestas a una distancia menor de 500 metros de cualquier suelo destinado a equipamiento escolar, deportivo o sociocultural como bibliotecas, Casa de la Cultura, distritos o centros cívicos, entre otros.
En la práctica, la medida impide la implantación de este tipo de establecimientos en las zonas residenciales de la localidad. De esta manera, los establecimientos de juegos quedarían limitados en su ubicación a las zonas industriales o comerciales.