La oposición del Pleno municipal de Alcalá de Guadaíra votó en contra de dos modificaciones presupuestarías que afectaban a dos partidas de 1,3 y 2,2 millones respectivamente, más de 3,5 millones en total, y que el gobierno socialista, en minoría y sin consenso previo, llevó a votación el pasado 6 de febrero para asumir los servicios encomendados a la extinta sociedad municipal Innovar en Alcalá y para abordar obras en la ciudad.
La oposición advirtió a la alcaldesa Ana Isabel Jiménez de que la propuesta sería rechazada por «no traer los deberes hechos», y le solicitaron que «la dejara encima de la mesa para evitar que hiciera el ridículo ». Aun así, y sabiendo que no prosperaría, el gobierno municipal siguió adelante y la oposición tumbó las modificaciones presupuestarias.
Los socialistas, sin embargo, defendieron su gestión al frente del Ayuntamiento y culparon a los grupos de la oposición de frenar con el voto negativo las obras previstas en distintos puntos de la ciudad.
El Pleno se desarrolló en un ambiente tenso y bronco, con una sala abarrotada que ocasionó numerosas interrupciones a los portavoces de la oposición, lo que no impidió a PP, IU, Alcalá Puede, PA, C´s y a la edil no adscrita Jésica Garrote argumentar que «el gobierno no había cumplido con el acuerdo político alcanzado para asumir la gestión de Innovar». Este acuerdo establecía la realización de una auditoría externa, un plan de viabilidad, un plan de pago a los acreedores y la modificación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) de la plantilla para que los puestos de trabajo que asumiría el Ayuntamiento procedentes de la liquidada sociedad Innovar en Alcalá salieran a oposición. El gobierno de Jiménez «incumplió» con su compromiso y se encontró con una oposición que no accedió «al chantaje», del que se quejaron en sus intervenciones, para claudicar y apoyarle la propuesta.
Francisco Bautista, portavoz del Grupo Popular, explicó que «el 1 de diciembre la empresa encargada de realizar la auditoría solicitó documentación al Ayuntamiento. A mitad de enero advirtió que sólo tenían un 20% de esa documentación y que sería imposible completar a tiempo la auditoría con exactitud». Por su parte, la portavoz de IU-AA, María Fernández, manifestó que «tuvieron la intención de cerrar Innovar en Alcalá haciendo una auditoría y que se haga con claridad». En ese mismo sentido intervino Rosa Carro, portavoz de C´s, al manifestar que «ante el incumplimiento del acuerdo político no podría apoyar la propuesta del gobierno».
Asimismo, la portavoz andalucista Lola Aquino, señaló que «hay que hacer las cosas sin poner en riesgo al Ayuntamiento» y acusó al gobierno de «usar a los vecinos como medida de presión ante la falta de gestión». La portavoz del Grupo Alcalá Puede, Sheila Carvajal, afirmó que «medidas de este calado deben estar contempladas en el presupuesto» e instó a Jiménez a «hacer su trabajo y presentar el Presupuesto 2018 contemplando las obras». La delegada de Hacienda, Rocío Bastida, acusó al resto de grupos de «querer bloquear» y de que «no se tengan servicios».
Mientras tanto, en la sala se escuchaban reproches a la oposición y gritos pidiendo «una moción de censura». La recién nombrada delegada de Hacienda, Rocío Bastida, se limitó a leer el guión previsto y explicó que «la modificación venía a cumplir la moción plenaria que se aprobó para liquidar Innovar en Alcalá». Además, Bastida insistió en que «han cumplido con los acuerdos alcanzados con la oposición ». «Creo que queréis bloquear el gobierno y que no se tengan servicios», concluyó.
Los argumentos de Bastida no surtieron efecto, y provocó un enfrentamiento directo con el portavoz del PP que llegó a acusarla de tener poca experiencia y de estar mal aconsejada. Sin ir más lejos, la oposición alertó de la posibilidad de una intervención de las cuentas municipales por el Ministerio de Hacienda mediante un nuevo plan de ajuste si se produjese el desequilibrio económico tras aprobar las modificaciones presupuestarias. La portavoz andalucista, recordó que el Ayuntamiento está pendiente «del pago por valor de 22 millones de euros del tranvía, el rescate de la concesión de obra pública del centro deportivo El Zacatín, y el pago de sentencias por los planes de empleo». Por su parte, el portavoz popular, aclaró que el dinero de las modificaciones presupuestarias «salen del fondo de contingencia, destinado para urgencias e imprevistos. Y esto no es un imprevisto, se sabía desde hacía un año». Finalmente, el Pleno procedió a la votación y la propuesta no prosperó.