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Gutiérrez Limones comparece este jueves ante el Supremo por ACM

El exalcalde de Alcalá de Guadaíra declarará ante el Alto Tribunal que investiga presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en la empresa municipal ACM.

El diputado socialista y exalcalde de Alcalá de Guadaíra, Antonio Gutiérrez Limones, declara este jueves ante el Tribunal Supremo investigado por supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en relación con la empresa pública ACM S.A., propiedad del Ayuntamiento alcalareño. La declaración tendrá lugar a las 10:30 horas ante el instructor del caso, el magistrado Ignacio Berdugo.

Hay que recordar que el Supremo recibió el pasado mes de junio una exposición razonada del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá de Guadaíra que exponía una serie de hechos con apariencia delictiva y también indicios que implicaban en ellos al entonces alcalde de la ciudad y actual diputado del PSOE en el Congreso de los Diputados. El alto tribunal pidió entonces un informe a la Fiscalía, que solicitó a su vez la apertura de causa penal y el nombramiento de instructor.

En base a la exposición razonada del juez, y de los datos que se concretan sobre posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, el Tribunal Supremo asumió la competencia en lo que respecta al diputado. En la exposición, como se recordará, se detallaba que la causa tenía su origen en la grabación de una reunión entre el contable de la empresa pública ACM S.A. (constituida en 2001 y liquidada en 2013) con concejales del Ayuntamiento y personas vinculadas con el PSOE de Alcalá, entre ellas, la actual alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, donde se reconocían abiertamente una serie de irregularidades penalmente relevantes en el seno de la entidad.

La exposición afirman que había indicios de la existencia de una estructura cerrada y coordinada dentro de los tres estamentos de la empresa ACM (Gerencia, Consejo de Administración y de la Junta General) desde “la que mediante el incumplimiento deliberado de las obligaciones legales y estatutarias se llevó a la quiebra a la entidad pública y, finalmente, a la malversación de grandes cantidades de dinero público”.

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