La Plataforma de Familiares de Residentes del Centro de Mayores Guadaíra lleva un año y medio denunciando que los usuarios de esta residencia del Grupo Reifs están sufriendo carencias asistenciales, principalmente debido a la falta de recursos humanos que «se agrava en vacaciones». Esto se traduce en falta de higiene y problemas de salud, según la plataforma, que señala que «el 97% de los residentes tienen infecciones de orina porque no se cambian los pañales con la frecuencia necesaria». También describen que «muchos abuelos aparecen con golpes en piernas y brazos» porque «la falta de auxiliares obliga a dedicarle menos tiempo a cada usuario, por lo que se les manipula más rápido y con menos cuidado». Asimismo, comunicaron a la dirección del centro las carencias nutricionales que estaban observando, debido a la pérdida de peso de muchos residentes.

En mayo de 2019 presentaron una denuncia ante el Servicio de Inspección y la Dirección General de Personas Mayores de la Junta de Andalucía, en la que pusieron en conocimiento de la administración la «situación generalizada de falta de atención de necesidades básicas de los residentes». También denunciaron «errores en la ingesta y administración de medicación a los usuarios» y la «falta de material de primeros auxilios», así como el «incumplimiento de la ratio del centro en atención al número de usuarios». Se suma, además, la falta de limpieza en las habitaciones y en los baños, que «no se desinfectan ni se limpian en profundidad», según la plataforma.

La lavandería es otra fuente de problemas, según los denunciantes, por el trato dado a la ropa, que obliga a adquirir prendas nuevas de forma continua. «Se viste a los residentes con vestimenta ajena, a pesar del etiquetado», critican. También mostraron su malestar con la recepción y el control de acceso al centro, además de con el mantenimiento que presenta un estado «deplorable».

Asimismo, se quejaban en la denuncia de la falta de intimidad, seguridad y dignidad de los residentes y de la «inadecuada gestión» en el ámbito de la dirección y la interacción con los familiares. La fisioterapia y los talleres de capacidades, «son los ámbitos que tienen un funcionamiento más adecuado», a juicio de la plataforma. Sin embargo, «falta coordinación» con el resto de áreas.

Unos días más tarde, el inspector coordinador de Servicios Sociales de la Delegación Territorial de la Consejería de Políticas Sociales respondió asegurando que «tomaba nota» y que «se realizarían las actuaciones oportunas». La plataforma asegura que no ha visto cambios significativos y que, si se han producido, no se han comunicado.

Propuesta de acuerdo de mejoras

Para subsanar todas las deficiencias que venían denunciando, la plataforma elaboró un documento con propuestas de acuerdo. Estas se trasladaron el 26 de mayo de este año a la delegada de Servicios Sociales, Virginia Gil, para que le diera traslado a la alcaldesa y a los grupos municipales, a fin articular una mesa de negociación. «Gil nunca trasladó el documento a la alcaldesa y ni siquiera invitó a la empresa a negociar», afirma la plataforma, añadiendo que «la delegada se comprometió a negociar ya que el gobierno estaba en una posición fuerza al tener que aprobarse en el Pleno un trámite administrativo para que un fondo buitre entrase en el contrato de concesión del suelo que tiene el Grupo Reifs». Lamenta que el trámite se aprobó en el Pleno de julio y en ningún caso se negoció. El documento esgrimido por la delegada en el pleno como justificación de la negociación fue un anexo de un acta del Consejo del centro, que recoge manifestaciones unilaterales no tratadas, que no formaban siquiera parte del orden del día, que ha sido impugnado y, en cualquier caso, «no tiene ningún valor a los efectos pretendidos por la empresa y por el gobierno que intenta hacerlo valer como si de un acuerdo se tratara».

La plataforma se constituirá legalmente en asociación para continuar con la reivindicación. Uno de los primeros pasos ha sido la reunión mantenida el pasado miércoles 29 de julio en el Parlamento andaluz con Ismael Sánchez, diputado del Grupo Adelante Andalucía, al que trasladaron las quejas y las preocupaciones de familiares y usuarios.

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Licenciado en Periodismo. Actualmente La Voz de Alcalá, Sevilla Actualidad y En Andaluz. Antes en Localia TV y El Correo de Andalucía.

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