El grupo ecologista Alwadi-ira -Ecologistas en Acción-  ha interpuesto un escrito de queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz por el incumplimiento en materia de procedimiento administrativo y protección del medio ambiente por parte del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y la Delegación de Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, hoy de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Alwadi-ira toma esta iniciativa dado que presentó con fecha 2 de julio de 2018 sendas denuncias ante el Ayuntamiento y la Delegación de Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, motivada por la quema de residuos tóxicos en una amplia zona comprendida entre la planta de tratamiento de aguas residuales EDAR La Ranilla, el río Guadaíra, la Autovía SE-30 de circunvalación de Sevilla y la carretera A-8028, que enlaza la A-92 con la SE-30. Dicho espacio es conocido como El Palmete, donde se ubican: el denominado Polígono el Sombrerón, cubas Llopis, Polvero y materiales, Alucergas, SL, la gasolinera La Negrilla, de Repsol, la antigua Huerta Cuchares, asentamientos chabolistas y otras muchas instalaciones de dudosa legalidad. Dichas administraciones son, junto con el Ayuntamiento de Sevilla, las administraciones sustantivas y, en consecuencia, responsables de la ordenación de la zona en materia medio ambiental, urbanística, etc… Actualmente la quema de residuos continúa produciéndose de forma constante.

Alwadi.ira – Ecologistas en Acción denunciaba el envenenamiento de los ciudadanos y los espacios naturales debido a las emisiones de componentes altamente tóxicos provenientes de la quema de residuos, a cielo abierto, en las traseras de polígonos industriales alcalareños y otros espacios fuera de cualquier control o supervisión efectiva por las administraciones competentes. Los agentes contaminantes inciden especialmente en las barriadas de San José de Palmete, La Doctora, Padre Pío y Las Negrillas, y se sitúan a escasos metros del Colegio Público Valeriano Bécquer, la Universidad Pablo de Olavide y el río Guadaíra. Incendios que han continuado incluso tras el estado de alarma decretado con fecha 18 de marzo, como así lo comunican los vecinos de la zona.

Desde el grupo ecologista se considera que las administraciones públicas con competencia no deben permitir una práctica ilegal inaceptable en términos de salud pública, que atenta contra el medio ambiente, y que es utilizada como método fácil y barato para conseguir un lucro sin considerar los graves daños que se ocasionan para la salud, sorteando a los gestores de residuos homologados.

Alwadi-ira – Ecologistas en Acción entiende que estamos en presencia de un delito medio ambiental, sustentado en La Constitución Española de 1978, en su artículo 45 y plantea la queja en defensa del bien común, consistente en una mejor protección de la salud de los ciudadanos y de nuestro medio ambiente.

La organización ecologista al final de su escrito adjunta foto del área afectada (términos municipales de Alcalá de Guadaíra y Sevilla) y solicita que se tenga por presentada y se remita a las administraciones citadas, así como se traslade a cuantas tengan competencias para actuar ante tan graves hechos. Entre ellas el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil,  Fiscalía de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Sevilla y que además se reclame informe a los Ayuntamientos de Alcalá de Guadaíra y Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, hoy de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en relación con las denuncias de 2 de julio de 2018.

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