El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Alcalá llevará mañana al Pleno municipal una moción para mostrar el rechazo al pin parental y en apoyo al derecho a la educación y a libertad de enseñanza.
Los socialistas consideran que la educación es «un proceso activo en el que participan docentes de diferentes sensibilidades e ideologías» y que «tiene la riqueza de ofrecer pluralidad de experiencias, materias y asignaturas susceptibles de distintos enfoques y por tanto de generar pensamiento en los alumnos». «Lamentablemente, la escuela se ha convertido en foco para la derecha, intentando implantar un modelo conservador y parcial, que limita el currículo educativo a los contenidos que consideran aptos pero que excluyen realidades sociales e incluso históricas y busca introducir un mayor centralismo y control de la educación y de los procesos educativos», afirman. Por último señalan que «no pueden olvidar que la educación es la mejor vía de progreso social y frente a la deriva centralista, adoctrinadora y controladora, es de vital importancia mostrar y afianzar el apoyo y la confianza en la profesionalidad del docente y de la inspección educativa, confiar en nuestro sistema educativo y garantizar una formación integral para todos los
niños y niñas».
También presentarán, junto al Adelante Alcalá y Andalucía por Sí, una moción por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, para «visibilizar la lucha de las mujeres por sus derechos, participación y reconocimiento, en pie de igualdad con los hombres, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona». La moción propone apoyar las acciones que se desarrollen en la reivindicación del 8M; implantar un Plan por la igualdad y contra la violencia de género; reforzar el compromiso institucional por la igualdad de género; realizar una Declaración de Municipio libre de violencia de género; impedir que en la programación municipal de actividades sociales, culturales, lúdicas, deportivas, festivas; implantar un protocolo de actuación contra la violencia en el seno del Ayuntamiento y eliminar la publicidad discriminatoria o denigrante de las mujeres.
También proponen instar al Gobierno de España y al Gobierno de la Junta de Andalucía a que realicen todas las modificaciones legislativas necesarias para que amparen a las victimas de un delito, eximiéndolas del pago del impuesto, sea cual fuere la forma en que recibieren la indemnización, en metálico o en bienes. En 2015 un vecina de Alcalá fue asesinada brutalmente por su esposo, condenado de indemnizar a las dos hijas del matrimonio, Jenifer y Estefania en materia de responsabilidad civil en la cuantía de 100.000 euros a cada una de ellas. El condenado no dispone de dinero en metálico para hacer frente al pago de las indemnizaciones, por ello, las hijas, están intentando que parte de la misma se les entregue con los bienes de que aún es titular el padre (la mitad del domicilio familiar y la mitad de dos coches). Sin embargo a la fecha, aún no han podido materializar el percibo de esa parte de la indemnización con la entrega de bienes, pues de hacerlo tendrían que abonar en concepto de IPT (Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales) el 8% del valor de esos bienes, es decir 5.000 euros aproximadamente -( art. 7.2A) del RD Legislativo 1/1993 de 24 de septiembre)-.
El asunto ha trascendido más allá del hecho concreto y las propias víctimas iniciaron en la plataforma change.org -“Exención fiscal de las indemnizaciones a las víctimas de delitos” -una campaña de recogida de firmas con la finalidad última de que los grupos políticos con representación parlamentaria o en su caso el propio Gobierno tomaran conciencia de la necesidad de acometer una modificación legislativa que ampare a las victimas de un delito, eximiéndolas del pago del impuesto, sea cual fuere la forma en que recibieren la indemnización, en metálico o en bienes.
De forma conjunta con la oposición también presentarán una moción en apoyo a Santa Bárbara para solicitar al Gobierno de España que, en el marco legal existente, haga lo posible para superar las diferencias actuales de modo que, tanto por razones de seguridad nacional como de interés industrial, Santa Bárbara Sistemas sea la empresa encargada del desarrollo y fabricación del nuevo vehículo blindado sobre ruedas 8×8 del Ejército español, y que, para ello, además de tener en cuenta el mantenimiento de la actividad, el crecimiento del empleo previsto y el nivel competitivo internacional de la planta de Alcalá, tenga en cuenta la experiencia de los trabajadores, la necesidad de evitar deslocalizaciones empresariales y el apoyo a la industria auxiliar de defensa de nuestra Comunidad Autónoma.