María José Lera y Áticus Méndez, dos de los concejales del Grupo municipal Adelante Alcalá, se han desmarcado de la moción de apoyo a la fábrica de la empresa Santa Bárbara Sistemas que ha sido respaldadas por todos los grupos municipales, incluido Adelante Alcalá.
La moción que se aprobará en el próximo Pleno solicita al Gobierno de España que, en el marco legal existente, «haga lo posible para superar las diferencias actuales de modo que, tanto por razones de seguridad nacional como de interés industrial, Santa Bárbara Sistemas sea la empresa encargada del desarrollo y fabricación del nuevo vehículo blindado sobre ruedas 8×8 del Ejército español». En este sentido Áticus Méndez ha señalado que «no apoyan la industria armamentística» y que «se podría buscar una solución para los trabajadores afectados como planes de empleo específicos».
Por su parte, María José Lera ha abundado «se ha realizado un concurso público, dado que el encargo de la fabricación de estos vehículos es el Ministerio de Defensa, y que ha sido el propio Ministerio quien ha rechazado la propuesta realizada por esta empresa por no tener garantías financieras, tener un expediente abierto por incumplimiento de plazos en la entrega del prototipo VCR8X8 y sin pagar la multa millonaria que le corresponde». También advierte que «hay que saber que lo que llamamos Santa Barbara era una empresa nacional que fue privatizada en el 2001, siendo presidente José María Aznar, y adquirida por la empresa estadounidense General Dynamics por la miseria de 831,9 millones de pesetas» y que además, «cuando fue privatizada amplió sus terrenos, y los nuevos dueños sostienen que no precisa licencia, ni de apertura, ni de obra, ni acogerse al informe de impacto ambiental que debe aprobar la Junta». Asimismo, Lera ha explicado que «actualmente tiene autorización de uso sobre alrededor de 91.000 metros, de los que la fábrica ocupa 39.000, ubicados en la mesa de Gandul y apropiándose de gran patrimonio histórico y medioambiental de Alcalá».
Concluye la concejala de Adelante Alcalá que hay «respetar las decisiones del Gobierno, que tiene su lógica al no dar un contrato multimillonario a una empresa que incumple la legalidad en todos los aspectos». También hay que «solicitar al Gobierno la nacionalización de la fábrica, y que cumpliendo legalidad, pueda continuar su actividad y conservar los puestos de trabajo».