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Jénifer y Estefanía Calderón Pérez, son hijas de una víctima mortal de violencia machista. Los hechos ocurrieron en 2015, cuando su padre, Mario Calderón, asesinó a su madre asestándole varias puñaladas y golpeándola reiteradamente hasta que le sobrevino la muerte. 

Los tribunales lo condenaron a cumplir 21 años y seis meses de prisión y a indemnizarnos a cada una de las hijas con la cuantía de 100.000 euros por la pérdida sufrida, «aunque nada compensará semejante barbarie», expresan las hermanas.

Para el pago de esa indemnización solo se puede embargar a al padre -que recibe una pensión superior a los 1.300 euros al mes- la cantidad de 122 euros mensuales, de los cuales se les hace entrega de 61 euros a cada una. Su padre y su madre tenían una casa en común y dos coches por lo que, para cubrir una pequeña parte de la indemnización debida, se planteó que la mitad de la casa y de los coches que pertenecían a mi padre se nos entregaran, suponiendo su valor total unos 60.000 euros; 30.000  para cada una.

Sin embargo, hasta la fecha, no han podido percibir esos bienes, pues Hacienda les reclama la cuantía de 5.000 euros, cantidad de la que no disponen ya que una de ellas percibe un subsidio de 430 euros y otra un salario de 400 euros. De hecho, tan precaria es la situación económica que viven en la casa donde ocurrieron los hechos.

La ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados declara que las indemnizaciones percibidas en metálico se encuentran exentas del impuesto. Además, el artículo 2 establece que la exigencia del impuesto atienda a la verdadera naturaleza jurídica del acto que se pretende realizar. Hacienda no está de acuerdo y, aun a pesar de haberse dirigido a la Dirección General de Tributos, a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía y hasta a la Presidencia de Gobierno, la administración tributaria considera que, «al no hacerse en metálico el pago de la indemnización sería aplicable el artículo 7.2.A) como Dación de bienes en pago», solicitando por tanto la cuantía de 5000 euros a cada una.

«Nuestra situación no tiene solución, pero nos parece injusto que cualquier persona víctima de un delito deba sufrir, además del daño y la pérdida personal, la renuncia a lo que le pueda corresponder por no poder afrontar el pago de lo que Hacienda reclame», señalan.

Asimismo, indican que inician esta petición, «a fin de que entre todos impulsemos a los grupos políticos con representación parlamentaria y al propio Gobierno para que adopten las medidas necesarias para un cambio legislativo que expresamente contemple que las víctimas de delito no verán gravadas su indemnización con ningún tipo de impuesto, sea cual fuere el carácter de los bienes con el que sean compensadas».


 

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1 comentario

  1. La ley es la ley si quieres cobrar paga si no pues mala suerte, se que es un palo grande pero si todo el mundo llora y no paga esto no se sustenta