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Cementera de Portland Valderribas / LVA
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Aumentan los contaminantes emitidos a la atmósfera por las grandes industrias alcalareñas

La Plataforma contra la incineración de residuos en Los Alcores (Sevilla) ha señalado en un comunicado que la cementera ubicada en Alcalá de Guadaíra, Portland Valderrivas, S.A. se posiciona como «la industria que más contribuye al calentamiento global por emisiones de dióxido de carbono (CO2), tanto en Alcalá de Guadaíra, como en la provincia de Sevilla», al ocupar el tercer lugar de Andalucía en el ranking de emisiones de CO2, con 685 millones de kg/año. Los datos han sido estudiados a través de un análisis efectuado por la Platarforma a través de los datos oficiales aportados por el Ministerio de Transición Ecológica correspondientes a 2017, que son los últimos disponibles.

Desde la entidad deuncian que la cementera de Portland es responsable de emisiones en el término municipal de Alcalá que alcanzan altos niveles, como es el caso del monóxido de carbono (CO), -1,5 millones de kg/año- los óxidos de nitrógeno (NOx/NO2) -con 1,3 millones de kg/ año) o el mercurio -96,4 kg/año-, según los datos aportados por la plataforma.

Sin embargo, subrayan que no es la única industria contaminante situada en Alcalá toda vez que destacan la importancia de empresas como Siderúrgica Sevilla responsable de emitir, entre otros contaminantes, 183 kg/año de cobre; 370 kg/año de cromo; 97,2 kg/año de níquel; 342 kg/año de plomo y 7.380 kg/año de zinc. En estos primeros puestos de contaminación también se sitúan Saint Gobain, S.A. es la primera en emisiones de óxidos de Azufre (SOx/SO2), con 241.000 kg/año;  Vidriera Rovira, S.L. ocupa la cabecera con 5.230 kg/año de cloro y compuestos inorgánicos (como HCl) y 196 kg/año de flúor y compuestos inorgánicos (como HF), mientras que el Complejo Medioambiental Montemarta-Cónica (planta de tratamiento de residuos municipales y vertedero) ocupa el primer lugar en emisiones de metano (CH4), con 3,3 millones de kg/año.

La Plataforma contra la incineración de residuos de los Alcores denuncia en su comunicado que, de los treinta y nueve agentes contaminantes emitidos a la atmósfera por el sector industrial alcalareño, se ha producido un importante incremento de las emisiones de en algunos contaminantes. Destaca el crecimiento de las emisiones en dióxido de Carbono (CO2), -de 918  millones de kg/año en 2016 a 941 millones de kg/año en 2017-; las de azufre (Sox/SO2), -de 379.684 kg/año a 416.758,31 kg/año-; las de monóxido de carbono (CO), -de 1,3 millones de kg/año a 2,3 millones- y una ligera disminución de Óxidos de Nitrógeno (NOx/NO2), de 2,4 millones de kg/año a 2,1 millones kg/año.

Asimismo, la plataforma ciudadana señala haber comprobado «comportamientos contradictorios en relación con los controles que se implementan para una misma sustancia contaminante. Por poner un solo ejemplo, mientras en Siderúrgica Sevillana, S.A., las emisiones de cromo y compuestos (como Cr) son medidas (M), en Refractarios Alfran, S.A., son calculadas (C), y las arrojadas al agua por Vidriera Robira, S.A., son estimadas (E)».

«Dicha contaminación tiene consecuencias evidentes para la salud de las personas y el medio ambiente», señalan. Por poner un ejemplo, según diversos estudios, el plomo tiene graves efectos neurotóxicos sobre las personas, cuyo coste sanitario por cada kg emitido se evalúa en 29.343 euros, con un 80% debido al aumento de la mortalidad y un 20% debido a la pérdida cognitiva mediante descenso en el Coeficiente Intelectual.

Por ello, desde la Plataforma reclaman una monitorización «en continuo» de algunos agentes contaminantes, como el mercurio, ya que consideran que las «hoy no se realizan o estas mediciones son con una periodicidad cuatrimestral solamente algunas horas, que no son representativas de las emisiones durante todo el año».

Denuncian dificultades en el acceso a la información de los datos

Como en años anteriores, una vez cotejada la información proporcionada por el Ministerio para la Transición Ecológica en la web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, al objeto de comprobar aquellas empresas que disponen de Autorización Ambiental Integrada (AAI) o Autorizaciones Ambientales Unificadas (AAU), la Plataforma señala que «siguen sin publicarse las emisiones generadas por un importante sector de empresas, potencialmente contaminantes, que no se publican por falta de sustento legal, en concreto aquellas que no cuentan con Autorización Ambiental Integrada (AAI)».

En este sentido, destacan que existen empresas alcalareñas cuyas posibles emisiones no se publicarían por falta de obligatoriedad legal como Reyenvas, Santa Bárbara Sistemas o la Granja Las Beatas. Por ello, la Plataforma contra la incineración de residuos en Los Alcores considera que la situación actual «incumple» el Convenio de Aarhus, la propia Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, o la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, ya que «se ignora o escatima el principio de publicidad activa, dificultándose así la elaboración de informes descriptivos de emisiones reales y sus potenciales efectos en la ciudadanía y el medio ambiente».

«La ausencia de información y/o la falta de control ciudadano efectivo en un importante número de instalaciones industriales alcalareñas, en la provincia de Sevilla y, por extensión en Andalucía, reforzaría la denuncia de la Plataforma Andaluza contra la Incineración de Residuos (Paciral) quien señalaba que la no publicidad de todas las emisiones contaminantes es inadmisible.”

Para la Plataforma, «es evidente que existe una quiebra en facilitar los datos de emisiones industriales, donde impera la dificultad en el acceso a la información y la nula voluntad para asegurar su comprensión por parte de la población afectada». Por esta razón, reclaman un reforzamiento de la fiscalización de la información y los mecanismos de control por parte de la administración competente, «en nuestro caso, Andalucía, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y, en su caso, la reforma de la legislación vigente, dado que su mantenimiento atenta contra los intereses de la ciudadanía», concluyen.

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La Voz de Alcalá

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